Agilidad frente al fuego y compromiso con las entidades locales

El Consejo de Gobierno celebrado este jueves en la sede de la Junta de Castilla y León en Valladolid ha dejado varios acuerdos de relevancia, sobre todo dos que afectan, por un lado, a la lucha contra los incendios forestales y, por otro, a la financiación que reciben las entidades locales de la Comunidad.

Así, por un lado, y con el objetivo principal de agilizar la respuesta que se da ante un incendio forestal, y para evitar que suceda lo ocurrido hace dos veranos en la abulense Sierra de la Paramera o el pasado periodo estival en la Sierra de la Culebra zamorana, la Junta ha dado luz verde este jueves al decreto ley de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales referente al operativo existente.

Una norma que, entre otras cosas, incorpora las medidas del Real Decreto-Ley estatal 15/2022, de 1 de agosto, e incorpora la aprobación del Plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de 2023, que se incluye en un anexo. Igualmente, este decreto-ley modifica las leyes de Montes de Castilla y León y de Función Pública para agilizar la incorporación de personal interino al Operativo en caso de necesidad, y establece normas y criterios para garantizar un funcionamiento administrativo más ágil de este servicio de emergencias.

"Nos anticipamos al compromiso legal de aprobar el plan anual sin que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya cumplido su obligación de establecer las directrices que le exige el Real Decreto-Ley 15/2015, antes citado, mediante un Real Decreto que aún no ha dictado", destacaba el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, quien ha avanzado que ha enviado una carta al secretario de Estado de Medio Ambiente informándole de que el 21 de abril tendrá en su despacho el plan previsto pero en la que le recuerda también sus incumplimientos.

El consejero ponía en valor que este decreto-ley incluye planes que cuentan con el análisis territorial de la problemática del peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de incendios forestales, de acuerdo con las actuales situaciones climáticas, socioeconómicas y de combustible; el diseño general del dispositivo para atención global durante todo el año a la prevención, detección y extinción de incendios forestales; la asignación estable y permanente de medios técnicos y profesionales singularizados al desarrollo de las actuaciones contempladas; los trabajos de carácter preventivo a realizar a lo largo de todo el año, o la regulación de los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales en relación con los distintos niveles de riesgo.

Financiación Local

Por otro lado, la Junta ha dado cuenta de la distribución de los dos fondos destinados a las entidades locales que forman parte del modelo de financiación local de la Comunidad autónoma. Así, el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha avanzado que la Junta destinará 62,4 millones de euros a las entidades locales procedentes del Fondo de Participación en los ingresos propios de la Comunidad y del fondo de cooperación económica local general de 2023.

Así, el primero estará dotado con 14,08 millones de euros, recursos que tienen un carácter incondicionado para todas las entidades locales y, el segundo, con 48,35 millones de euros. Este último es incondicionado para los municipios de menos de 1.000 habitantes, mientras que el resto de municipios y provincias deben destinarlo a inversiones para la mejora de infraestructuras y equipamientos, que contribuyan a ofrecer unos servicios públicos más eficientes y sostenibles.

Como novedad de este año, se van a agilizar aún más los pagos de los fondos incondicionados que reciben las entidades locales. Una medida que se inició en el año 2020 con los pequeños municipios y que se va a extender al resto de localidades y provincias. De esta manera, todas las entidades locales destinatarias de estos recursos incondicionados recibirán en un solo pago, y en el primer cuatrimestre del año, la cuantía que les corresponde del ejercicio 2023, lo que les permitirá disponer de más liquidez para el ejercicio de su labor de gobierno y el desarrollo de las políticas municipales o provinciales.

Asimismo, también como novedad, las corporaciones locales disponen desde ayer de una ‘newsletter’ alojada en el portal web de la Junta para facilitar la gestión de las ayudas. Una iniciativa que, según fuentes de la Junta, surge de la necesidad de disponer de otro instrumento ágil que permita comunicarse con las entidades locales en la gestión de los expedientes y de hacer un seguimiento más estrecho de cada uno de ellos. Puede darse de alta en la misma cualquier entidad local o persona interesada en el siguiente enlace: https://www.jcyl.es/web/es/administracionpublica/administracion-local/suscripcion-newsletter.html

Po rotra parte, también en esta Consejería, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una subvención de 225.000 euros a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMPCyL) con el objetivo de financiar la realización del Plan de Formación Continua para los empleados públicos de las entidades locales de la Comunidad en 2023.

Serla

Finalmente, cabse señalar también que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha llevado a Consejo de Gobierno la subvención directa de 400.000 euros a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, Serla, integrada en el sector público autonómico, cuyo objeto es la solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León.

Esta aportación implica un ahorro del 60 por ciento para la Junta de Castilla y León con respecto a la financiación anterior. De este modo, a partir del 1 de julio, quedarán excluidos de los gastos objeto de subvención los derivados de contratos de alta dirección de la Fundación, que actualmente ascienden a 76.000 euros; los de arrendamiento, y los intereses deudores de las cuentas bancarias.

Asimismo, según informa el departamento que dirige Mariano Veganzones, de Vox, la justificación de los gastos estará limitada exclusivamente a los vinculados a la gestión de los conflictos colectivos y a la intervención de un mediador o un árbitro, según corresponda, en cada conflicto colectivo atendido.