Castila y León defiende aplazar el Reglamento Europeo de Deforestación: "No supone una oportunidad para las empresas"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defiende un nuevo aplazamiento del Reglamento Europeo de Deforestación, cuya aplicación ya se retrasó el 31 de diciembre del año pasado hast el final de este, ya que, tal y como está planteado, no supone una “oportunidad” para las empresas, ya que no las pueden aplicar los mismos requisitos y burocracia que a los productos cuya trazabilidad tienen un “origen legal y sostenible”, como “puede ser en España o Castilla y León”, que los de países terceros.

Suárez-Quiñones se expresaba así en la inauguración del congreso internacional 'El Reglamento Europeo de Deforestación', que se celebra en el PRAE de Valladolid, donde advertía de la "importancia” que tiene esta cuestión, en un momento de “reflexión”, a pesar, decía, “de no haber entrado mejor en esta reglamentación europea”, que cuenta en su historial con “numerosas tensiones y opiniones muy críticas”, como la mantenida por la propia Junta de Castilla León.

Y es que la comunidad, con 905.571 hectáreas, es la de la mayor superficie forestal certificada en España, con el 30 por ciento de toda la superficie forestal nacional, lo que pone de manifiesto, según el consejero, que la gestión forestal realizada se hace bajo los parámetros legales, ecológicos, económicos y sociales más exigentes.

Además, Suárez-Quiñones señalaba que la deforestación y la disminución de los bosques es un “fenómeno negativo" para la vida y la calidad de vida de la ciudadanía en el mundo, y apuntaba que en torno a 10 millones de hectáreas “se pierden" todos los años por distintos motivos de una gestión no sostenible de determinados países en la obtención de productos madereros y no maderero”.

"Todo ello produce consecuencias muy negativas para la biodiversidad, para el medio ambiente, para el comportamiento del clima y de la meteorología, lo que introduce determinadas tensiones en el agua, en ser menos resilientes ante las sequías e incendios forestales”, advertía el consejero, quien, sin embargo, se mostraba a favor de que la reglamentación planteada por la Unión Europea “pretenda contribuir a la no deforestación mundial con una serie de instrumentos muy intensos que determinarían la necesidad de justificar la trazabilidad de los productos que se ponen en venta”.

“Queremos que aquellos productos que se comercializan en la Unión Europea garanticen que no proceden de ámbitos de deforestación, así como garantizar que en esa trazabilidad hay un origen legal, sostenible y perfectamente trazable de dichos productos", afirmaba.

Asimismo, reivindicaba ante la UE que esta “oportunidad" para las empresas, y especialmente pymes, no puede conllevar “más burocracia y dificultades” para las que sí cumplen con estos, porque en ese caso, decía, “sería una falta de apoyo a las madereras o cualquier producto que entre dentro de este reglamento”.