Castilla y León reduce el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social

Este lunes se ha conocido el informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en 2022, en el que se revela el estado de la pobreza en las regiones de la España autonómica y que, una vez, vuelve a demostrar la desigualdad existente en según que zona de España se trate.

Así, por ejemplo, la denominada como Tasa AROPE, aquella que mide el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, oscila entre el 14,5 o el 15,7 por ciento de Navarra y País Vasco, respectivamente, y el 36,9 de Extremadura, con una media del 26 por ciento en el conjunto nacional. Esta tasa es un indicador propuesto por la Unión Europea que tiene en cuenta el porcentaje de personas que residen en hogares con carencia material y social severa; el porcentaje de población en riesgo de pobreza; y el porcentaje de personas en situación de baja intensidad en el empleo.

En el caso de Castilla y León, la tasa es del 22,1 por ciento, lo que supone un 4,4 por ciento menos que en 2021. O lo que es lo mismo, 49.667 personas menos en riesgo de pobreza y exclusión social.

Además, si se tiene en cuenta el dato de riesgo de pobreza, este afecta al 17,8 por ciento de la población de Castilla y León, también el noveno menor nacional, con 421.000 personas en la Comunidad, lo que suponen 4.664 menos que en el 2021, el 0,1 por ciento menos en dato relativo.

Si bien, el informe apunta a que hay un total de 170.778 personas en situación de pobreza severa, el 7,2 por ciento de su población y 9.013 personas más que en 2021. Se trata de ciudadanos que viven en hogares con ingresos inferiores a 6.725 por persona al año.

Además, el informe recoge que aunque la Comunidad ha mejorado "tímidamente respecto a 2015, se aprecia una desviación de unas 80.000 personas que ya deberían haber salido de la situación de riesgo de pobreza y/o riesgo de exclusión para así poder cumplir con los objetivos señalados en la Agenda 2030".

También apunta el estudio que en Castilla y León las pensiones por jubilación "juegan un papel esencial en la contención de la pobreza y la desigualdad".

"Su tasa de pobreza aumentaría en 5,3 puntos porcentuales si sólo existiesen las pensiones por jubilación y supervivencia, si no hubiese ningún tipo de aportación pública, más de dos quintas partes de la población castellanoleonesa (43,8 %) estaría en riesgo de pobreza (+26,0 p.p.)", analiza el informe.

Y en la misma línea ocurriría con las personas en pobreza severa, "que aumentaría en 4,5 puntos si sólo hubiese pensiones y en 26,0 puntos de no producirse ningún tipo de transferencia pública.