El Consejo de Cuentas acabará este año con 23 fiscalizaciones aprobadas

El Consejo de Cuentas espera terminar el año con 23 fiscalizaciones aprobadas, tras haber dado luz verde el pleno de este órgano un total de 12 auditorías ya. Además, tiene pendiente de presentar en las Cortes todavía ocho informes, mientras sigue trabajando en 48 actuaciones, que se encuentran en diferentes estados.

Así lo trasladó hoy el presidente del Consejo Cuentas, Mario Amilivia, en su comparecencia en las Cortes para presentar ante la Comisión de Economía y Hacienda las principales conclusiones de la fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas sobre el programa para la digitalización del sistema educativo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del año 2022.

En ese sentido, el presidente del Consejo de Cuentas explicó al inicio de su intervención que era su duodécima comparecencia de este año, lo que eleva la cifra total en este mandato del Consejo de Cuentas a 71, informa Ical.

Además, Amilivia precisó que ha llevado a cabo el 57 por ciento de las comparecencias que forman parte de la serie histórica del Consejo de Cuentas y el 49 por ciento de todos los informes aprobados desde que este organismo inició su andadura.

Respecto a la fiscalización presentada esta tarde sobre el cumplimiento de los objetivos del Programa para la Digitalización del Sistema Educativo, la auditoría pone de manifiesto que, con algunas salvedades, la Consejería ha cumplido con creces las obligaciones y condiciones aplicables al Plan de Digitalización impulsado en 2021 por el Ministerio de Educación y FP, y articulado en Castilla y León, al igual que en las demás comunidades autónomas, mediante un Programa de Cooperación Territorial.

El crédito anticipado por el Ministerio a las autonomías para financiar, con carácter finalista, las actuaciones del Programa integrado en el Plan de Recuperación ascienden a 989 millones de euros. En Castilla y León su implementación ha supuesto una inversión de 49 millones (7,2 para la adquisición de dispositivos para los alumnos; 40,9 para aulas digitales y 0,9 para capacitación y soporte).

En el conjunto de las comunidades el objetivo final supone la entrega de 300.000 dispositivos, la dotación de 240.240 aulas digitales y la formación del profesorado en 18.342 centros. De este total, a Castilla y León le corresponde la entrega de 14.545 dispositivos, la dotación de 11.986 aulas digitales y la capacitación en 1.101 centros.

Amilivia subrayó que tanto la aprobación como la presentación del informe se produce en momentos oportunos, con antelación a la finalización del plazo máximo establecido para la ejecución de las actuaciones proyectadas en el marco del Programa para la Digitalización del Sistema Educativo, el próximo 31 de diciembre.

El Consejo de Cuentas anota varias recomendaciones, planteando desde una óptica constructiva, una serie de sugerencias para evitar posibles incidencias en la fase de verificación del cumplimiento de los objetivos establecidos para la obtención de los fondos europeos destinados al Programa.

En esta línea, refirió que la ejecución del Programa de Digitalización del Ecosistema Educativo #EcoDigEdu en Castilla y León ha superado los objetivos marcados.

Al mismo tiempo, se constata en el informe que la Consejería de Educación realiza una selección restrictiva de los centros elegibles al contemplar solo a los públicos, si bien incorpora algunos no previstos como los de educación infantil. Por otro lado, se advierten una serie de aspectos con margen de mejora en la trazabilidad de los equipamientos para evitar posibles inconvenientes en el proceso de justificación establecido por la Unión Europea en el Mecanismo de Recuperación.

El Programa impulsado por el Ministerio amplía las actuaciones orientadas a la disponibilidad de medios digitales para la enseñanza a fin de reducir aún más la brecha digital en el alumnado, abordando adicionalmente la mejora de las dotaciones de las aulas y la capacitación técnica de los docentes. Iniciativa que se complementa con la Estrategia de Digitalización para los centros de la Administración autonómica.

Son tres las actuaciones materializadas para implementar el Programa en el ámbito de la Comunidad: la dotación de dispositivos portátiles; instalación, actualización y mantenimiento del Sistema Digital Interactivo en las aulas, y la capacitación técnica del profesorado en el funcionamiento de las dotaciones que reciban los centros.

Los destinatarios finales fueron delimitados por un grupo de trabajo y los criterios de distribución de los fondos. Como destinatarios de la primera actuación, se consideró a la totalidad de los centros sostenidos con fondos públicos, tanto públicos como concertados. En cuanto a las actuaciones 2ª y 3ª, además de los centros públicos, se concreta que los posibles centros concertados destinatarios de la actuación son los reconocidos como PROA, aquellos que cuentan con un 30% de alumnado vulnerable.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es un instrumento basado en resultados, que desembolsa fondos en función de la consecución de los hitos y objetivos establecidos en el Plan nacional, con indicadores para su seguimiento y control. La Consejería de Educación formuló algunas alegaciones y las admitidas dieron lugar a modificaciones del Informe Provisional.

34 conclusiones. El primer bloque de 13 conclusiones recogidas en el informe se centra en la planificación de las actuaciones. En este contexto, la Consejería de Educación dispone de una estrategia global y transversal de digitalización para los centros educativos, pero no específica para la gestión de las actuaciones financiadas por el Mecanismo de Recuperación.

Además, las demoras en la puesta en marcha plataforma CoFFEE -la herramienta habilitada para facilitar la gestión coordinada a la hora de ejecutar los fondos- supusieron que muchos de los contratos se materializasen antes de la edición, validación y revisión de las planificaciones anuales.

Por ello, no se encuentra documentado un procedimiento diferenciado para articular las 3 actuaciones del Programa, con un calendario detallado para abordarlas. Así, en la planificación de los dispositivos móviles no se incluyó a los centros privados concertados. Para el curso 2020/2021 se consideraron 1.007 centros públicos y no se incluyeron 214 privados concertados.

Al mismo tiempo, se consideraron como posibles destinatarias las 35 escuelas de educación infantil de titularidad autonómica, a pesar de que estos centros estaban excluidos del Programa.

En cuanto a la planificación sobre vulnerabilidad y brecha digital para la distribución de los dispositivos, cada centro aplicó su propio criterio a la hora de asignarlos.

El siguiente bloque de conclusiones se refiere a la instrumentalización de las tres actuaciones. La Consejería articuló 13 contratos para la ejecución de los subproyectos (3 para la primera actuación; 9 para la segunda y uno, conjuntamente, para la segunda y tercera).

En cuanto al cumplimiento de los requisitos del Plan de Cooperación Territorial y los criterios considerados en la planificación, se constata, tras la ejecución de los contratos de la primera actuación, que no se asignaron portátiles a los 214 centros concertados y paralelamente fueron asignados dispositivos a 25 escuelas de educación infantil.

Además, que no ha existido una adaptación de la tipología de los portátiles a la edad y etapa educativa del alumnado y que a 109 centros con 17.688 alumnos no les fueron asignados portátiles tras la licitación de los contratos.

En lo que respecta al cumplimiento derivado de la ejecución de los contratos de la segunda actuación, la totalidad de los equipamientos para la constitución de Aulas Digitales Interactivas se asignó a centros públicos, no aplicando la opción de asignar dotaciones a los 8 centros privados concertados PROA.

Asimismo, se asignaron equipamientos a 36 escuelas de educación infantil de titularidad autonómica, 29 de ellas de niños de 0 a 3 años, además de a otros centros y estructuras no elegibles.

Se priorizaron dotaciones para los centros de enseñanza del Régimen General (Primaria, ESO, FP y Bachillerato) con la asignación del 93% de los equipamientos.

Con un 5,7% de la inversión, se cumple holgadamente el criterio de que al menos el 2% se destine al equipamiento de centros de las enseñanzas de Régimen Especial y de Educación de Adultos.

Otra de las anotaciones del informe es que no es posible diferenciar las Aulas Digitales Interactivas de nueva constitución de las que han repuesto o complementado su equipamiento, ni clasificar las aulas en las que se han instalado las Pantallas Digitales Interactivas.

Con relación a los contratos de la tercera actuación se constata que se impartieron capacitaciones para el uso de las Pantallas Digitales Interactivas a 23 escuelas de Infantil y a 11 centros de formación del profesorado e innovación educativa.

También se verificó que se impartieron capacitaciones a 11 centros privados concertados y a 5 públicos que no fueron destinatarios de las pantallas digitales, y que 283 centros no recibieron la capacitación para el uso de las 2.916 pantallas que les fueron instaladas, si bien la formación fue inicialmente voluntaria y la Consejería intentó promover un aumento de la participación.

El tercer apartado de conclusiones recoge las 13 referidas al seguimiento y control del Programa de Cooperación Territorial. Así, en la primera actuación, a 31 de marzo de 2024, se habían entregado 18.253 portátiles a los centros, con un grado de cobertura del objetivo intermedio a esa fecha del 190%. Quedando un solo contrato de suministro de dispositivos, a 31 de diciembre de 2025 el número de portátiles entregados ascenderá a 18.269, por lo que la cobertura del objetivo final de 14.545 alcanzará el 125%.

En la segunda actuación (a 31 de marzo de 2024), bajo el criterio de equiparar Pantallas Digitales Interactivas entregadas e instaladas con Aulas Digitales Interactivas constituidas, se habían entregado e instalado 13.442 pantallas, siendo el grado de cobertura del objetivo intermedio del 170%. A 31 de diciembre, con la ejecución de los contratos pendientes, la cobertura del objetivo final se mantendrá en el 112%.

Con respecto a la tercera actuación, a la misma fecha, se habían impartido capacitaciones a 723 centros, un 131% del objetivo intermedio, y representando un 66% del objetivo final de 1.101 centros con capacitaciones impartidas.

El informe anota que la plataforma de seguimiento CoFFEE se utiliza más como repositorio de información que como gestor para el cumplimiento de hitos y objetivos, así como algunas incidencias relacionadas con la verificación para el respaldo de las solicitudes de pago de los fondos del Mecanismo de Recuperación.

A la vista de todas estas conclusiones, el Consejo constata el cumplimiento de la Consejería de Educación de las obligaciones y condiciones aplicables al Programa desarrollado, si bien remarca dos salvedades.

Por un lado, que en la primera actuación no se incluyó a los centros concertados y se asignan portátiles a centros, equipos y estructuras públicas no contemplados como destinatarios en el Programa. En las actuaciones 2ª y 3ª también se adquirieron equipamientos y se impartieron capacitaciones destinadas a estos mismos centros.

Y que, por otro, según el Programa de Cooperación Territorial, la Comunidad está obligada a cumplir con la normativa reguladora del Mecanismo del fondo europeo. No obstante, en la segunda actuación (aulas digitales) se identificaron 6 contratos de adquisición de ordenadores de sobremesa y monitores financiados con estos fondos cuyo gasto no puede vincularse de manera adecuada con las aulas digitales interactivas constituidas al no haber una pista de auditoría suficiente que lo respalde.

Siete recomendaciones

El Consejo recomienda que la Consejería de Educación debería asegurarse de que todas sus estrategias, así como los procedimientos y trámites administrativos que aplique, queden debidamente documentados.

Además, ante futuros programas con financiación nacional o europea para la digitalización de los centros, debería considerar adoptar medidas que garanticen una distribución equitativa de los recursos, contemplando a los centros públicos y a los privados concertados.

Debería también implementar medidas específicas para obtener un conocimiento más detallado y preciso del grado de digitalización de las aulas de todos los centros competencia de la Comunidad como base para planificar futuras iniciativas.

Asimismo, debería incluir información adicional en la plataforma de gestión de los fondos europeos, concretamente la relativa a las actas de comprobación de la prestación efectiva del servicio de capacitación a todos los centros que, tras la incorporación de las 13.442 pantallas digitales interactivas, hayan recibido la formación correspondiente.

Otra recomendación a la Consejería es la de considerar, antes del próximo 31 de diciembre, la posibilidad de modificar los certificados de los mecanismos de verificación derivados de la ejecución de las actuaciones del Programa de Cooperación Territorial cuando los destinatarios hayan sido centros que no estaban contemplados como tal.

Por otra parte, en relación con el subproyecto de aulas digitales, se debería garantizar la trazabilidad del gasto asociado a la adquisición de monitores y ordenadores de sobremesa, vinculándolos directamente con las Aulas Digitales Interactivas. Para lo que se debería incorporar en los mecanismos de verificación un listado detallado que, para cada centro, identifique las aulas constituidas objeto de financiación.

Finalmente, la Consejería debería recopilar, si no dispone de ella, toda la documentación justificativa de la adquisición de dispositivos y de los equipamientos para las aulas que exige el Manual de Gestión #EcoDigEdu.