Medio Ambiente

Depuración de aguas para repoblar los pueblos más pequeños

Junta, diputaciones y ayuntamientos invertirán 128 millones hasta 2028 en infraestructuras que beneficiarán a 250.000 personas que viven en municipios de menos de 500 habitantes

Foto de familia del consejero Suárez-Quiñones con los responsables de las diputaciones tras firmar el acuerdo
Foto de familia del consejero Suárez-Quiñones con los responsables de las diputaciones tras firmar el acuerdoMiriam ChacónIcal

Buenas noticias para los que viven y trabajan en los pueblos más pequeños de la Comunidad, puesto que van a ver cumplida una vieja demanda en los próximos años, y que no es otra que poder contar con agua depurada de calidad.

Y es que la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos menores de 500 habitantes equivalentes invertirán 128 millones en depuración de aguas hasta 2028 para 1.200 instalaciones de depuración, gracias al acuerdo que han suscrito este martes en la sede e-Lea del municipio vallisoletano de Urueña , la Villa del Libro, que beneficiará a más de 250.000 personas que viven en estas localidades.

Así lo avanzaba el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñonez, quien auguraba que dentro de siete años Castilla y León habrá cumplido el objetivo de cero aguas residuales, gracias a las tres patas comprometidas: las de mayores de 2.500 habitantes; las de entre 500 y 2.500 y las de menos de 500, cuyo convenio, el de esta última, se ha firmado hoy en la sede e-Lea de Urueña (Valladolid) entre la Junta y las diputaciones provinciales.

En total, beneficiará a más de un millar de núcleos de población de menos de 500 habitantes, con el que la Comunidad se acerca al vertido cero a los ríos y cumple también con la exigencia legal europea.

El consejero se mostraba convencido de que esta depuración de aguas, además, conseguirá atraer población al medio rural y ayudará a crear oportunidades. "Castilla y León será la primera autonomía en llegar porque es una meta que tiene que unirnos a todos”, decía.

Al acto asistieron los presidentes de las diputaciones de Burgos, César Rico, Valladolid, Conrado Íscar, y Soria, Benito Serrano, además de representantes de las otras seis instituciones provinciales y algunos de los delegados territoriales de la Junta.

Íscar, como portavoz de todo, destacaba la importancia de esta medida, máxime cuando en el anterior convenio se vieron beneficiados 31 municipios de su provincia que ahora se eleva a 69 que todavía tienen esa necesidad de depurar esas aguas.

Suárez-Quiñones aseguraba a todo depende del agua, desde la modernidad del municipio hasta el compromiso moral del medio ambiente y con el medio rural, así como con la legalidad por la normativa europea o con la industria, con la vida de los pueblos y la población que se duplica o triplica el verano”. Y también, añadía, con un servicio al medio natural y ríos que “tienen que estar depurados”.

El consejero recordaba que ya han completado la depuración de los más grandes con más de 200 millones de euros para 150 núcleos, y que hace tres años se firmó en Mansilla de las Mulas (León), el protocolo general del tramo entre 500 y 2.500 habitantes equivalentes, que suponía la construcción de 250 depuradoras y 125 millones de euros. Actualmente, hay 65 obras en marcha y el resto está activo con la formalización de convenio y en estudio. De hecho, Suárez-Quiñones explicaba que en 2025 confía en cumplir este tramo, con las 200 depuradoras terminadas.

El programa empezará en el menor tiempo posible y concluirá en el entorno de la mitad de la legislatura próxima, sobre 2028.

La Junta aportará el 40 por ciento, igual que las diputaciones, mientras que el 20 por ciento restante se deja a los ayuntamientos. El Gobierno autonómico, a través de la empresa pública Somacyl, ejecutará las actuaciones y se encargará de su explotación y mantenimiento durante 25 años.

El Gobierno regional, además, ayudará a las administraciones locales que lo soliciten, financiando su aportación a 10 años en el caso de las diputaciones provinciales, y a 25 años en el caso de los ayuntamientos, con el objetivo de mitigar el esfuerzo presupuestario a las administraciones locales.

Al amparo de este protocolo se creará un grupo de trabajo técnico para poder concretar y programar la ejecución de las infraestructuras e instalaciones de depuración que resulten necesarias. Este grupo deberá proponer el programa de actuaciones, comunicar a los municipios los resultados de las evaluaciones correspondientes a su ámbito, y valorar cuál es la solución técnica más idónea para cada localidad o grupo de localidades en función de las características concretas y de acuerdo con los criterios establecidos.

La elección de cada sistema de depuración se basará en la experiencia acumulada por parte de los servicios técnicos de la Junta de Castilla y León en actuaciones proyectadas y ejecutadas en aglomeraciones similares en la Comunidad, así como en el Manual de Depuración de Pequeñas Localidades.

Los sistemas de depuración propuestos perseguirán, además de la depuración correcta de las aguas y, consecuentemente, la conservación de los cauces receptores, que el coste de mantenimiento de las instalaciones sea mínimo y siempre asumible para los escasos recursos económicos de los que disponen las entidades locales.