Junta y Fiscalía, de la mano para perseguir los delitos medioambientales

La Junta de Castilla y León y la Fiscalía General del Estado han reafirmado este martes su compromiso y unidad a la hora de perseguir los delitos medioambientales que se cometan. Así lo han puesto de manifiesto el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y el fiscal general Álvaro García Ortiz, tras clausurar el curso ‘Delitos contra el Medio Ambiente. Incendios Forestales’, organizado conjuntamente por los Servicios Jurídicos autonómicos y la Fiscalía.

Un curso que se ha desarrollado dentro de las actividades programadas en el marco del Convenio de colaboración suscrito entre la Fiscalía General del Estado y la Junta en materia de Formación Continua de Fiscales, que fue renovado el pasado 26 de septiembre. En él han participado tanto letrados de los Servicios Jurídicos de la Administración autonómica como fiscales destinados en Castilla y León.

En dicho curso, se han ofrecido las herramientas para coordinar a los diferentes agentes públicos encargados de la persecución de estos delitos. González Gago destacaba en su intervención la relevancia y el protagonismo de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León en el desarrollo de su enjuiciamiento.

"Puede ejercer la acusación particular, junto a la acusación pública que ejerce la fiscalía, cuando exista un interés legítimo y directo de la Comunidad en la persecución de un presunto delito de esta clase, proponiendo la práctica de las pruebas que acrediten su autoría y solicitando las penas que procedan, así como la reclamación del resarcimiento de los daños que se hayan podido producir al Patrimonio y a la Hacienda Pública", destacaba el consejero.

De igual forma, González Gago explicaba que también es importante la coordinación previa entre la Administración pública autonómica, a través del personal técnico de la Consejería de Medio Ambiente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía, en la fase de investigación y el esclarecimiento inicial de los hechos.

El Consejero de la Presidencia hacía hincapié en la importancia de estas actuaciones coordinadas, y recordaba que el Gobierno regional siempre está a disposición de la Administración de Justicia, para ayudar y colaborar en todo aquello que sea de nuestra competencia, con el fin de lograr el esclarecimiento de cualquier conducta presuntamente delictiva”.

Por otro lado, defendía la importancia de evitar y perseguir este tipo de delitos medioambientales en Castilla y León, que en algunos casos, como los incendios, ponen en peligro la propia vida e integridad de las personas además de causar importantes pérdidas económicas en las zonas afectadas.

Asimismo, el curso ha puesto el foco más allá de los incendios, especialmente en algunos de los delitos considerados como especialmente graves, caso del envenenamiento de especies o la electrocución de la fauna.

La colaboración interinstitucional para la formación conjunta de fiscales y letrados de los Servicios Jurídicos autonómicos se viene produciendo desde el año 2017. Una colaboración muy fructífera que desde su puesta en marcha ha permitido formarse a más de 290 profesionales en ámbitos de interés común, como violencia contra la mujer, protección de menores, discapacidad o patrimonio histórico artístico.

El fiscal general del Estado, por su parte, destacaba el interés de profundizar en la lucha contra los delitos contra el medio ambiente, no solo por parte de los fiscales sino también de los técnicos, letrados de la Junta y cuerpos y fuerzas de seguridad para la persecución de estos ilícitos.

Además, recordaba los incendios ocurridos en 2022, como el de la Sierra de la Culebra en Zamora, que deseaba que no se repitan, y apelaba a la necesidad de progresar en la capacidad de investigar y sobre todo prevenir en lugar de tener que usar luego el castigo penal.