La Junta se moviliza para actuar «más rápido» ante las ocupaciones ilegales

Los vecinos de la urbanización Arroyovereda de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, y especialmente los que viven en el entorno de la calle Narciso Monturiol, ya no pueden más tras casi cinco años conviviendo con okupas. Si bien, lo peor de todo es que se sienten indefensos e impotentes porque no ven cerca la solución.

La Sareb ha planteado legalizar a los okupas a través de su programa social, algo a lo que el Ayuntamiento de Arroyo se opone «porque premia al que infringe la ley y se castiga al vecino que se paga su vivienda con su trabajo diario, que son los verdaderos vulnerables en este problema». Los vecinos, además, están estudiando denunciar a la Sareb por este motivo.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha reunido con representantes vecinales de la urbanización afectada para conocer la situación actual. Y les ha dejado claro que la Junta «está del lado de los vecinos y de la legalidad.

Además, se ha comprometido a colaborar activamente con el Ayuntamiento y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para buscar soluciones que garanticen la restitución de la normalidad y el respeto a la propiedad privada.

El consejero aseguraba que están haciendo un seguimiento permanente de este tipo de situaciones, especialmente en aquellas zonas donde la ocupación irregular provoca problemas de convivencia y seguridad.

«Defendemos el derecho de acceso a una vivienda digna, pero siempre dentro de la legalidad y sin menoscabar los derechos de los propietarios ni el bienestar de las comunidades», afirmaba.

Los vecinos han trasladado a los responsables autonómicos su malestar ante la prolongación del conflicto, que afecta a decenas de viviendas propiedad de la Sareb, y han descrito los problemas de inseguridad, degradación de espacios comunes y pérdida de valor patrimonial que sufren desde hace más de tres años.

También han destacado la falta de respuesta efectiva por parte del Gobierno de España y de la Sareb, por lo que reclaman actuaciones más ágiles en los procesos judiciales y medidas que eviten más ocupaciones.

Suárez-Quiñones se ha comprometido también a apoyar iniciativas y reformas legislativas que permitan una actuación más rápida ante las ocupaciones ilegales, sustituyendo los cambios normativos puestos en marcha por el Gobierno central, como la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Una norma que, según el consejero, «ampara» a los ocupas ilegales, dificultan la recuperación de la posesión por los legítimos propietarios y crea inseguridad y conflictividad para los vecinos pacíficos.

La Junta mantiene un convenio con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana para ofrecer información y asesoramiento antiocupación.

Estos puntos de atención, gestionados por las Cámaras de la Propiedad Urbana, facilitan a los ciudadanos información y apoyo jurídico sobre prevención, actuación inmediata y tramitación de casos en curso. El servicio se presta tanto de forma presencial como telemática, a través del 012 o de las páginas web de las Cámaras.

A fecha de octubre de 2025, las oficinas habían atendido 305 consultas presenciales y más de 11.900 consultas telemáticas, lo que evidencia la creciente demanda de información y asistencia especializada en esta materia en toda Castilla y León.