Un juzgado de León abre diligencias previas por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida en el seno de la asociación de guardias civiles JUCIL

El Juzgado de Instrucción número 3 de León ha acordado la incoación de diligencias previas tras recibir una denuncia presentada por varios integrantes de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), por la posible comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida y otros en el seno de esta organización.

El auto judicial destaca que los hechos denunciados presentan indicios suficientes para presumir la existencia de un posible delito de estafa en todos sus supuestos, y ordena la práctica de diligencias con el fin de determinar la naturaleza, circunstancias y personas implicadas en los hechos investigados.

Entre las medidas acordadas, el juzgado ha solicitado al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de JUCIL y en concreto, a su secretario de Finanzas que, en el plazo de un mes, aporte documentación justificativa sobre los hechos denunciados e identifique a las personas que pudieran tener conocimiento o relación con los mismos.

Unos acontecimientos graves Regeneremos JUCIL, la plataforma de afiliados y exdelegados de la asociación purgados por la actual directiva desea destacar la gravedad del procedimiento abierto, que confirma la necesidad de una auditoría y revisión urgente de la gestión económica de la actual dirección de JUCIL.

Varios de los integrantes de la plataforma Regeneremos JUCIL han sido expedientados y se les ha negado cualquier tipo de participación en las asambleas, tras advertir de una preocupante falta de transparencia, rendición de cuentas y respeto al funcionamiento democrático interno. Entre las irregularidades recogidas en la denuncia ahora atendida por los tribunales de Justicia se detallaban el uso de la tarjeta corporativa de Jucil "para pagar gastos personales, incluidos hoteles, comidas en restaurantes y compras sin relación con la actividad asociativa", además de la "manipulación de registros contables" con el fin de justificar dichos gastos como reuniones de trabajo, la duplicación de gastos en repostajes y comidas y la "omisión deliberada de ciertos pagos" en los informes oficiales, impidiendo así una fiscalización adecuada.

Si bien el auto incluye un sobreseimiento provisional, este queda supeditado al resultado de las diligencias solicitadas, lo que implica que la causa puede reabrirse en cualquier momento, en función de la documentación y de las pruebas aportadas.

Transparencia y legalidad, fundamentos innegociables Regeneremos JUCIL, reitera que la confianza de miles de afiliados no puede ser defraudada ni traicionada por prácticas oscuras o gestiones sin control. Las asociaciones que representan a guardias civiles deben regirse por una ética impecable, basada en la legalidad, el respeto a los estatutos y el compromiso con los principios democráticos que definen nuestra función en el Estado de Derecho. Es más, en una asociación de carácter público, con amplia presencia en el Consejo de la Guardia Civil, es exigible que sus dirigentes cumplan con los más altos estándares de transparencia en la gestión y legalidad en sus actuaciones.

Regeneremos JUCIL reclama del actual Comité Ejecutivo Nacional (CEN) la máxima colaboración con la justicia y, una vez más, solicita a estos órganos de gobierno de la asociación profesional de guardias civiles que faciliten el acceso a toda la información económica relevante, en cumplimiento del principio de transparencia que exige la normativa interna y la voluntad de los afiliados. Regeneremos JUCIL trabaja por una asociación más limpia, participativa y al servicio de los intereses laborales y sociales de los guardias civiles.

Aclaración de la dirección nacional de JUCIL

Una vez publicada la noticia la dirección nacional de JUCIL se ha puesto en contacto con LA RAZÓN y ha querido aclarar que “ante la nota de prensa emitida por una supuesta plataforma denominada Regenera JUCIL o Regeneremos JUCIL”, la dirección nacional de JUCIL “lamenta que estas personas estén intentando dañar la imagen de la asociación”.

En este sentido, añade que “la tergiversación de la supuesta información procedente de las causas judiciales abiertas nos obliga a aclarar que hasta ahora, la única notificación del juzgado en el marco de la denuncia interpuesta por estas cinco personas ha sido un auto de la juez en el que se archiva la misma hasta que se solicite aclaración al secretario de Finanzas -hecho que, por el momento, no se ha producido-.

También aclara que “es normal que el magistrado abra diligencias para ver si la denuncia es consistente”, y subraya que “no se han tomado ulteriores decisiones, por lo que la asociación sigue funcionando con normalidad, trabajando por la defensa de los derechos de los guardias civiles, que es su prioridad número uno”.

La dirección nacional de JUCIL además informa de que “para clarificar la gestión financiera de la asociación, la dirección aprobó el pasado 31 de enero, y ya ha puesto en marcha, una auditoría externa para la revisión de las cuentas, que esperamos que contribuya a la restauración de la confianza y credibilidad de la que siempre ha gozado JUCIL y su equipo directivo”.

Por último, declara que “además, en un ejercicio de transparencia con sus asociados, JUCIL llevó a cabo una sesión informativa el pasado día 10 de marzo para explicar los gastos, a la que se convocó a todos los secretarios provinciales en activo y en el caso de los que no pudieran ir o estuviesen suspendidos en sus funciones, se les dio la oportunidad de que delegasen en otro miembro de la junta provincial”.