Mario Amilivia llega a las cien auditorías expuestas en las Cortes

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha alcanzado hoy con la presentación de las fiscalizaciones de las universidades públicas de León y Burgos el centenar de informes expuestos en las Cortes de Castilla y León en los cuatro años que lleva al frente de esta institución propia. Hasta ahora han sido 35 las comparecencias de Amilivia con un total de 100 auditorías expuestas ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento, que representan un 37% de toda la serie histórica del órgano autonómico de control externo.

Un dato que, según Amilivia, pone de manifiesto "el impulso que estamos dando en el actual mandato a la presentación de informes en sede parlamentaria", con el reto de reforzar el control externo permanente como herramienta de transparencia y calidad democrática.

En esta línea, en el ejercicio anterior compareció en ocho ocasiones para presentar el Plan Anual de Fiscalizaciones y un total de 36 informes, con lo que se marcó un nuevo hito en la trayectoria de la institución.

En la comparecencia de esta mañana de Lunes Santo en las Cortes, la cuarta de este año, dio cuenta de sendos trabajos sobre la situación económico-financiera de las universidades burgalesa y leonesa y de sus respectivos entes dependientes. El ámbito de las universidades públicas de la Comunidad ha formado parte siempre de la programación de auditorías del Consejo, habiendo sido objeto de análisis específico en un total de 18 auditorías especiales hasta ahora.

A mayores, en la actualidad el Consejo de Cuentas está realizando una fiscalización que analiza las actuaciones llevadas a cabo por las universidades públicas de Castilla y León para su posicionamiento en los rankings internacionales, abordando la etapa 2012-2022. Por otro lado, la programación de trabajos de este ejercicio incluye la fiscalización de la gestión del personal de estas cuatro instituciones académicas referida al año 2022, según informan fuentes del Consejo de Cuentas.

En el caso de la de León, Amilivia ha destacado la “buena gestión” de esta institución en base a su “positiva situación económico-financiera y un control interno adecuado a la legalidad”. Y en el caso de la de Burgos destaca algunas conclusiones como que “su solvencia está fuera de toda duda”, que los valores de liquidez muestran una "tendencia creciente” y que la situación de endeudamiento con las entidades de crédito "se ha ido minorando" cada anualidad alcanzando 1,76 millones de euros a finales de 2020.

La auditoría de la UBU fue entregada a las Cortes el pasado 5 de diciembre, completándose con ella el ciclo de fiscalizaciones de las 4 universidades públicas de Castilla y León, una vez que estas dejaron de formar parte desde 2016 de la Cuenta General de la Comunidad.

El resultado presupuestario de universidad leonesa en 2019 alcanzó los 7,47 millones de euros, teniendo superávit todo el periodo analizado, desde 2016, aunque con una tendencia decreciente. Por otra parte, los indicadores de ahorro bruto y neto fueron positivos, significando por lo tanto que los ingresos corrientes pueden cubrir los gastos de funcionamiento de los servicios y la carga financiera de la deuda, pudiéndose destinar el exceso a financiar inversiones que la ULE carece de endeudamiento con entidades financieras desde 2019.

Otros datos como la ejecución presupuestaria, la cancelación de deuda o el remanente de tesorería dan fe de su óptima situación.

Las cinco recomendaciones que envió el Consejo fueron aceptadas por la Universidad. Se centran en aspectos como la regulación del control interno, la aprobación de las cuentas anuales, la ejecución del presupuesto o la conveniencia de que tanto la ULE como su Fundación -la FGULEM- corrijan su excesiva liquidez, así como establecer fórmulas para utilizar el importante excedente de tesorería a fin de mejorar la rentabilidad, entendida esta no exclusivamente en términos financieros sino también en términos de potencial servicio o beneficio de la colectividad.

En cuanto a la Universidad de Burgos, destaca entre otros datos que la ejecución presupuestaria presentó una media del 94,06% en el periodo analizado (2017-2020), situándose todos los años la realización de pagos por encima del 97%, lo que significa que la UBU carece de problemas de control de pagos y de tesorería. El resultado presupuestario de 2020 alcanzó los 2,07 millones de €, pasándose de tener déficit los dos primeros ejercicios a presentar superávit en los dos siguientes, siendo 2020 el ejercicio con mejor resultado de todo el periodo.

La fiscalización recoge además que los indicadores de ahorro bruto y neto fueron positivos por lo que los ingresos corrientes pueden cubrir los gastos de funcionamiento de los servicios y la carga financiera de la deuda, pudiéndose destinar el exceso a reducir el endeudamiento con entidades financieras o a la financiación de las inversiones.

También, que el remanente de tesorería para gastos generales fue positivo en todos los ejercicios, con una tendencia alcista, ascendiendo en 2020 a 5,69 millones de €, expresión de la situación de liquidez de la institución académica, con solvencia financiera a corto plazo.

Las cuatro recomendaciones del Consejo de Cuentas se centran en aspectos como el servicio de auditoría interna, el calendario de aprobación del presupuesto, el grado de ejecución del presupuesto y la mejora de la rentabilidad de la entidad.

Concretamente, la UBU debe valorar si el servicio de auditoría interna cuenta con una adecuada dotación de recursos para el cumplimiento de los fines del control interno o, incluso, la necesidad de mejorar su estructura. Además, debe acelerar todo lo posible el proceso de elaboración y discusión de su presupuesto, sin necesidad de prórrogas automáticas.

También, debe aumentar el grado de ejecución de los distintos capítulos del presupuesto, sobre todo de las operaciones de capital -inversiones reales-, así como vigilar y en su caso corregir el comportamiento de algunas magnitudes de gasto corriente en bienes y servicios.

Finalmente, debe establecer fórmulas para utilizar el excedente de tesorería que contribuyan a mejorar la rentabilidad de la entidad entendida tanto en términos financieros como en términos de potencial de servicio o beneficio de la colectividad.