Imoulsa Igualdad pide a las administraciones públicas que no discriminen a las personas con discapacidad en el acceso a plazas de interinos docentes de la función pública. Se suma así a la resolución del Procurador del Común de Castilla y León sobre las bolsas de empleo específicas para personas de este colectivo, en concreto para enseñanza secundaria, formación profesional y música y artes escénicas, donde concluye que, en Castilla y León, no existe “una lista propia o independiente para esta población en el acceso al empleo público docente”.

Esta resolución apoya la queja presentada por Fernando Escudero, educador social y pedagogo, con discapacidad física. “Soy castellano y quiero trabajar en mi tierra y cuando empecé a explorar las distintas convocatorias, identifiqué que las personas con discapacidad de Castilla y León estábamos en desventaja respecto a las de otras comunidades en las listas de interinos docentes y opté por comunicarlo al Procurador del Común, quien vela por derechos de los ciudadanos y, por ende, de las personas con discapacidad de la comunidad”.

Desde la entidad, exigen que los organismos convocantes cumplan con las medidas de discriminación positiva para la reserva de plazas interinas para personas con discapacidad docentes. Una orden de la Consejería de Educación de 2006 (EDU/862/2006, de 23 de mayo), que establece el procedimiento de provisión de plazas docentes en interinidad, ya incluía un apartado que señalaba que “podrán establecerse mecanismos que faciliten la adjudicación de puestos en régimen de interinidad a los aspirantes con discapacidad”. Además, otro decreto de 2022 (DECRETO 24/2022, de 16 de junio), que regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, también recoge una disposición adicional que indica que “podrán constituirse bolsas de empleo independientes derivadas de las convocatorias”.

Sin embargo, casi 20 años después de la primera vez que se planteó esta discriminación positiva, el sistema de selección de personal interino de Castilla y León en los cuerpos docentes para personas con discapacidad es una materia pendiente, “circunstancia que coloca a este colectivo en una situación de discriminación frente al resto de la población”.

Fernando Escudero también ha denunciado recientemente otros casos de discriminación similares al Procurador del Común sobre “un proceso de una diputación de nuestra comunidad y la ha aceptado a trámite, estoy a la espera”. En definitiva, lo que solicita es que se cumpla “lo que se ha reconocido para las personas con discapacidad” por ley.