El PP presenta una iniciativa para dotar a Castilla y León de las infraestructuras eléctricas necesarias que Sánchez tiene paralizadas

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una moción en la que exige al Gobierno de España que promueva con urgencia inversiones en infraestructuras eléctricas que garanticen acometer 15.000 millones de inversión empresarial en las nueve provincias de Castilla y León, pendientes aún de que se les garantice el suministro.

Además, la iniciativa que se debatirá y aprobará en el Pleno de la próxima semana, reclama al Ejecutivo que atienda sin demora las peticiones realizadas por la Junta de Castilla y León para el refuerzo de la red de transporte de electricidad en relación con la planificación 2025-2030, cambios normativos que favorezcan el autoconsumo, y concursos de acceso a la demanda en los nudos de la red de transporte bloqueados en Castilla y León.

Según la portavoz del PP en el Senado, la abulense Alicia García, “la ausencia de inversiones en infraestructuras eléctricas es la causa que no se pueda conceder suministro a los planes de inversión. Sánchez quiere paralizar la actividad en nuestra comunidad”.

En este sentido, avisa que en la actualidad la red de distribución eléctrica de Castilla y León se encuentra en una situación crítica con un 83,4% de los nudos saturados, “lo que está impidiendo conectar nueva demanda eléctrica en la mayor parte del territorio autonómico”.

Ante esta situación de “colapso”, Alicia García demanda de un marco regulatorio que permita más inversiones urgentes, tal y como también ha solicitado la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica.

50 proyectos en vilo

La iniciativa de los populares recuerda que el Gobierno aprobó el 12 de septiembre de 2025 el Real Decreto que regula los planes de inversión en redes eléctricas, que supone un límite de inversión de la actividad de distribución eléctrica, si bien la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contradijo esta aprobación al advertir que ya estaba comprometido por el Ejecutivo una distribución de 1.540 millones de euros al año entre 2026 y 2030, además de existir un tope de inversión que limita al 0,13% del PIB el importe de la inversión en la red de distribución.

Frente a esta regulación del Ejecutivo de Sánchez, la dirigente popular pone el foco en las empresas de Castilla y León, que han advertido en numerosas ocasiones que con estas condiciones no será posible conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica y se está desaprovechando el potencial de las energías renovables.

Así, Alicia García afirma con rotundidad que “el Gobierno frena el crecimiento económico y la competitividad de nuestra comunidad, que, curiosamente, es líder nacional de producción de energía renovable, pero la red de transporte no es suficiente”.

En este contexto de “parálisis”, la popular advierte de las “terribles consecuencias” para la riqueza y la creación de empleo que tiene la falta de suministro eléctrico en las nueve provincias de Castilla y León, ya que en estos momentos hay 15.000 millones de inversión empresarial, que afectan a casi 50 proyectos industriales, que se mantienen en suspenso.