Torra y Colau, abocados a entenderse con la aprobación de los presupuestos

El Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Ada Colau se volvieron a reunir ayer en la comisión mixta bilateral entre instituciones un año y cuatro meses después de la última, celebrada en verano de 2018. Entre medias, el Ejecutivo de Quim Torra no ha logrado aprobar ningún presupuesto y Ada Colau ha sido reelegida alcaldesa de Barcelona con el PSC en el equipo municipal. Dos cambios sustanciales que han llevado a ambos Ejecutivos a cerrar acuerdos como el recargo de cuatro euros en la tasa turística y a supeditarlos a la aprobación de las cuentas en el Parlament y en el Consistorio.

«Es bueno que las instituciones en su conjunto tengan presupuestos, y en la medida de nuestras posibilidades hacer los esfuerzos adecuados y suficientes para facilitar que haya Presupuestos en la Generalitat y el Ayuntamiento», aseguró ayer el líder socialista, Jaume Collboni, presente en el encuentro junto a Colau y encargado de desgranar los pactos logrados ante los medios. «Hay buena voluntad de las formaciones que forman el gobierno municipal de Barcelona para que podamos tener presupuestos», admitió poco después la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó.

De hecho, uno de los principales avances logrados entre administraciones, la mencionada tasa turística para Barcelona ,está totalmente vinculada a la tramitación y posterior aprobación de las cuentas en el Parlament ya que debe incluirse en la ley de acompañamiento de los presupuestos para habilitar al Consistorio a gestionar su recaudación. De salir adelante, el recargo del impuesto turístico sería de máximo cuatro euros por persona y pernoctación y afectaría también a los cruceristas.

Este recargo del impuesto, que recaudaría al 100% el Ayuntamiento, implicaría unos ingresos de como máximo 20 millones de euros, una cifra que dependerá de las cantidades que se acuerden para cada tipo y categoría de establecimiento turístico, según explicó Collboni. El Consistorio quiere empezar a cobrar el impuesto a principios del año que viene, aunque para ello sería necesario que Junts per Catalunya y Esquerra lograran sumar a los «comunes» de Colau en el acuerdo de presupuestos de la Generalitat.

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona celebró la reducción de la deuda real de la Generalitat con las arcas municipales –de cien a 25 millones en año y medio– pero siguió reivindicando la llamada «deuda ciudadana» del Ejecutivo de Torra con la ciudad. Es decir, la falta de inversiones en políticas sociales que rondan, según sus cálculos, los 280 millones de euros, Entre las reivindicaciones más destacadas del Gobierno de los «comunes» y el PSC se encuentra la financiación de las guarderías municipales o avances notables en materia de vivienda, dos apespectos que también dependen de los presupuestos de la Generalitat.

«No lo decimos nosotros, lo dice la ley. Ha habido sentencias que han dado la razón al Ayuntamiento que exigía lo que dice la ley: la Generalitat se debe hacer cargo de un tercio del financiamiento de las plazas», aseguró Collboni sobre los parvularios de titularidad municipal. Por parte de la Generalitat, Budó defendió que en el Ejecutivo son conscientes de que existe «este déficit histórico» que quieren trabajar y revertir, y explicó que en los presupuestos de 2020 hay una línea específica de financiación de guarderías.