40 familias catalanas denuncian en Madrid el adoctrinamiento escolar

No se trata ni mucho menos de una nueva polémica, pero en esta ocasión ha llegado hasta el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en Madrid. Un total de 40 familias del Instituto de El Morell (Tarragona) denunciaron ayer ante esta figura el «adoctrinamiento independentista» en la escuela.

Los representantes de las familias, asesorados por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), y su presidenta, Ana Losada, se reunieron con el Defensor del Pueblo, al que pidieron amparo ante «las reiteradas muestras de falta de neutralidad y adoctrinamiento en este centro y la absoluta desprotección por parte de las autoridades catalanas».

Nada nuevo. Durante muchísimos años, la conselleria de Educación ha ignorado por completo las numerosas sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que incidían, en parte, en que se tendría que reducir la inmersión lingüística en la escuela, que en la práctica limita el castellano a dos horas semanales.

De esta manera, la reunión de las familias de las familias acudieron a Marugán, ante la falta de atención por parte de la conselleria y del Síndic de Greuges y, entre otras cuestiones, le pidieron que interceda, en un intento de depurar responsabilidades.

Por ejemplo, denunciaron la realización de una encuesta, elaborada por la Universitat de Lleida (UdL), para alumnos de tercer y cuarto de ESO, en la que se pregunta a los menores por su identificación con el movimiento independentista, identidad, convicciones ideológicas y creencias religiosas. Se considera que este estudio vulnera los derechos fundamentales de los menores y la ley de protección de datos.

«La participación de nuestros hijos en esa encuesta se hizo de manera obligatoria y sin previa consulta a los padres, madres o tutores que no pudieron autorizar la participación de sus hijos en la misma», denunciaron en el texto entregado a Fernández Marugán.

Losada calificó a LA RAZÓN de «graves» estos hechos, sobre todo en referencia a la encuesta, ya que «supone una violación de protección de datos». Añadió que no son hechos aislados, «sino de hechos continuados». Además, volviendo a la Generalitat, lamentó que «nunca responden».

También recordaron que, con motivo de una huelga de estudiantes en octubre, se vivieron «graves enfrentamientos verbales entre alumnos a raíz de una exhibición de ‘estelades’ y la lectuda de un manifiesto independentista por megafonía que fue consentida por la dirección del centro. Todos los alumnos, incluidos los que no secundaban la huelga (la mayoría), tuvieron que escuchar las arengas independentistas, que incluían acusaciones contra las instituciones del Estado». Según añaden en su denuncia, la dirección del centro «prohibió la exhibición de banderas españolas que pintaron los alumnos contrarios a la independencia en sus cuadernos de forma espontánea para dar réplica a la presencia de ‘estelades’ y discursos separatistas».

Otra denuncia de estas familias es que, según dicen, «la dirección y parte del profesorado exhiben lazos amarillos y formulan comentarios despectivos hacia las posiciones ideológicas constitucionalistas, el castellano o el resto de España». Asimismo, «el instituto penaliza y arrincona a quien se muestra contrario de forma expresa a la ideología independentista que ha adoptado el centro».

La AEB entregó al Defensor del Pueblo una copia de la citada encuesta de la UdL, por lo que, en un comunicado, aseguró que «el departamento de Educación era conocedor del contenido de estas preguntas, y también lo eran todos los responsables de los servicios territoriales y directores de los centros elegidos. A pesar de ello nadie puso objeción alguna a que se distribuyera y realizara por los menores».

Asimismo, señalan que «en los escritos remitidos por la Generalitat a los responsables territoriales de educación y de estos a los centros, se pidió que la encuesta fuese realizadapor los alumnos de segundo, tercero y cuarto de ESO». Algunos son menores de catorce años, y la AEB recuerda que la Ley de Protección de Datos establece que el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años». Al parecer, el Govern no ha facilitado los centros que participaron en la encuesta, según la AEB.