La política antiterrorista de Suárez, vista por la CIA

Un documento de la Agencia expone las presiones que recibió el Gobierno en 1978 de manos del Ejército

1976-1981 Adolfo Suárez
1976-1981 Adolfo Suárez

En 1978 hacía dos años que Adolfo Suárez se había convertido en presidente del Gobierno. Y, en ese 1978, ETA estaba demostrando su capacidad para matar. Doce personas habían sido asesinadas a lo largo de 1977, mientras que serán 64 aquellas a las que se les quitará la vida a lo largo de ese año, en su mayoría policías y militares. Eso hizo que no fueran pocas las presiones recibidas por Suárez para dar una respuesta al terrorismo fuera de la ley. Eso es lo que se puede comprobar en algunos de los documentos desclasificados por la CIA y que han sido consultados por este diario.

El más llamativo de ellos está fechado el 31 de agosto de 1978 y es un memorándum que lleva el curioso título de “¡Que se vayan!”, escrito así en castellano en el original redactado en inglés. El documento se centra en la lucha antiterrorista, concretamente en “aspectos de seguridad del problema vasco”. En Estados Unidos había una gran preocupación por la espiral de violencia en la que estaba envuelta España, así como por la respuesta que el Gobierno podía ofrecer. En el documento, como siempre de autor cuya identidad sigue hoy censurada, se dice que “en el despertar de una renovada violencia durante el último mes en la problemática región vasca en España, el gobierno de Madrid parece estar jugando con la posibilidad de permitir que una fuerza policial vasca asuma la responsabilidad del orden público”. Este escenario, según la CIA, planteaba una serie de problemas: “Nadie en Madrid ni los militares españoles aceptaría la sustitución de la policía nacional por una fuerza vasca; en el mejor de los casos, las unidades vascas complementarían las ya existentes fuerzas de seguridad y asumirían algunas de sus tareas más conflictivas”. Igualmente se afirma que “los vascos tienen una fuerte antipatía a los uniformes e incluso serían reacios a unirse a una fuerza regional”. El Gobierno, por otra parte y siempre según la Agencia, “está preocupado porque la única gente que se uniría serían terroristas y otros extremistas infiltrados”. Todo ello para una operación que tardaría “un año o más” en materializarse.

A la CIA no se le escapaba que en la Moncloa de Suárez se estaba “en una posición complicada con los militares, recelosa de los esfuerzos de los vascos de romper con el control de Madrid. Hasta ahora, el Ejército no ha estado directamente involucrado en los problemas vascos, pero hay signos recientes de que el terrorismo vasco ha decidido provocar a las fuerzas armadas”. En este mismo sentido se añade que “es probable que los militares intervengan a menos que la situación se deteriore dramáticamente, pero los generales podrían presionar al Rey Juan Carlos para tuviera mano dura contra “la ley y el orden”, o incluso alentarlo a cambiar el gobierno”. La Agencia creía que estas medidas no serían útiles porque “los terroristas continuarán jugando su papel hasta que la población vasca pueda ser persuadida de tomar una posición firme contra ellos. La preocupación subyacente del gobierno de Suárez es que la violencia continúe y la presión militar se combine para socavar la política de consenso sobre la que descansa la estructura de la democracia española”.

El informe también exponía que existía un importante odio entre vascos y las fuerzas del orden en 1978 hasta el punto de señalar que “cuando un policía muere, todo el mundo lo celebra”. Ante esta situación, según apunta la CIA, el entonces ministro de Defensa, el general Manuel Gutiérrez Mellado, afirma: “Los terroristas nos han escogido como víctimas. Es un honor. Probablemente otros de nuestro rango caerán. Pero por encima de todos nosotros está España, que no se separará por eso”. La Agencia conocía que tanto el Gobierno como los militares sabían que una intervención militar en el País Vasco beneficiaría a ETA. Por ello, el agente que redactó estas líneas apuntó que en tanto que “admisión del fracaso del Gobierno para controlar la situación, una intervención de este tipo tendría implicaciones políticas de largo alcance. Además, el Ejército no está entrenado ni equipado para desempeñar un papel público y no parece deleitarse con la perspectiva”.

El documento de la CIA sigue contando a día de hoy con varios párrafos censurados. Sin embargo, sí es accesible la siguiente información donde la Agencia se preguntaba “si no puedes confiar en la policía, ¿en quién puedes hacerlo?” Es aquí donde se expone que el Gobierno de Adolfo Suárez “ha tomado medidas para establecer una fuerza antiterrorista llamada Grupo de Operaciones Especiales que formará parte de la Policía Armada”, siguiendo el modelo de otras policías de Europa occidental. A renglón seguido nos encontramos buena parte de una de las páginas censuradas.

¿Qué panorama se presentaba? La Agencia, en 1978, consideraba que era “difícil ser optimista con respecto a una pregunta que es tan compleja y tan arraigada como el problema vasco, especialmente cuando la buena voluntad es tan evidente. El aspecto positivo, sin embargo, es que el gobierno cuenta con el respaldo de los socialistas y comunistas en sus esfuerzos por frenar a los terroristas”. Las cosas no pintaban bien, entre otras razones, por el radicalismo etarra. Y es que “una fuerza policial regional no aplacará a ETA más de lo que lo han hecho las anteriores amnistías y concesiones sobre autonomía política. Los terroristas incondicionales se conformarán con nada menos que un Euskadi marxista independiente”. Incluso una región autónoma “gobernada por los nacionalistas vascos moderados” sería totalmente contraria respecto “de los objetivos de ETA”. Por todo ello, según la CIA, solo quedaba una opción: “o se estaba con ETA o contra ella”.