La limitación del precio del alquiler en Cataluña, en el aire

Tras un accidentado periplo parlamentario -tenía que haberse votado en julio, pero un desacuerdo entre los partidos impulsores la dejó en suspenso en el último momento-, la proposición de Ley para regular y controlar el precio del alquiler en Cataluña está previsto que llegue mañana al pleno del Parlament y se vote. De momento, el resultado está en el aire después de que JxCat cambiara el paso y se echara atrás en julio: tan solo está confirmado el respaldo de Esquerra (32), Catalunya en Comú-Podem (8) y CUP (4), insuficiente ya que necesita 68 apoyos para salir adelante. Ciudadanos, PSC y PP votarán en contra de la norma.

La norma plantea regular el precio del alquiler en 60 municipios de Cataluña -por encima de los 20.000 habitantes- considerados “áreas con mercado de vivienda tenso” y se limita solo a las viviendas habituales de los arrendarios. ¿Cómo se determina el precio máximo a pagar? De dos maneras: por un lado, a través del índice de referencia establecido por la Generalitat -es un indicador que calcula el precio del metro cuadrado del alquiler en función de diferentes variables (ubicación, planta, estado de mantenimiento, certificado energético, año de construcción o si está amueblado)-; por otro lado, el precio no puede rebasar el del contrato anterior -incrementado con el índice de garantía de competitividad-.

La Ley también plantea una excepción: ambas partes pueden incrementar o rebajar el precio de referencia (fijado por el índice de referencia) en un 5% si la vivienda incluye tres de las siguientes características: ascensor; parking; muebles; calefacción; zonas comunitarias de uso compartido (jardín o azotea); piscina comunitaria o equipamientos análogos; conserje; o, vistas especiales.

La norma estaba lista para su aprobación en un pleno del Parlament el 23 de julio, pero, a última hora, JxCat se desdijo del acuerdo firmado con el Sindicat de Llogaters, Esquerra, Catalunya en Comú-Podem y la CUP e introdujo 8 enmiendas para “mejorar” el texto. Entre estas aparecían la supresión de tres municipios -Salou, Figueres y Tortosa- del listado de 60; que se exima a los propietarios con unos ingresos inferiores a 3.130,16 euros mensuales; o, que las partes contratantes pueden llegar a acordar un incremento del 20% sobre el precio de referencia -en lugar del 5% que marca la Ley-. De momento, no hay acuerdo, y la bronca política está servida. En este sentido, Esquerra ha reclamado esta tarde “menos enmiendas y más vuelta al consenso inicial”. “El contenido de la república que defienden está vacío”, ha llegado a decir el diputado Jose Rodríguez, en alusión a JxCat. Los republicanos han dejado entrever que JxCat prefiere retrasar la votación y pasarla a otro día, pero han avisado: “las emergencias sociales no esperan”.

También cabe señalar que el grupo parlamentario de JxCat se ha dividido en dos: los afines a Carles Puigdemont continúan en JxCat como partido, más ubicados en el centroizquierda y cercanos a esta norma tal y como estaba acordada inicialmente, mientras que el PDeCat, ubicado en el centroderecha, se muestra mucho más crítico con esta Ley y, desde el primer momento, ha liderado el impulso de las enmiendas.

Pero, además de las diferencias entre socios de Govern, la Ley cuenta con un revés del Consell de Garanties Estatutàries (el Tribunal Constitucional catalán, aunque sus dictámenes no son vinculantes), ya que considera que varios artículos -11 de los 15- invaden competencias estatales o vulneran el Estatut y la Constitución. También la Autoridad Catalana de la Competencia emitió en julio un dictamen contrario a la Ley al argumentar que la limitación de las rentas del alquiler suponen una “distorsión” en un factor esencial de la competencia como es el precio y “es un instrumento no idóneo para conseguir el objetivo último de la medida”.

Asimismo, la directora general de la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval), Beatriz Toribio, ha mostrado su rechazo a la Ley por tres razones, más allá de la “inconstitucionalidad”: por un lado, porque prevé que se “reducirá” la oferta de vivienda de alquiler en el mercado, que ya “de por sí es escasa”; por otro lado, porque algunos propietarios se pueden ver tentados a recurrir a la economía sumergida y cobrar la diferencia entre el precio regulado y el de mercado; y, finalmente, porque genera inseguridad jurídica y disuade la inversión inmobiliaria. En este sentido, en conversación con este diario, ha pedido “sentar las bases” para desarrollar vivienda social con colaboración público-privada y ha indicado que el precio del alquiler había empezado a “estabilizarse” ya antes de la pandemia y ahora podría empezar a bajar. También ha alertado de que hay muchos propietarios que “subsisten” gracias a la renta del alquiler y pueden verse penalizados por esta Ley.

Los impulsores de la Ley sostienen que en Cataluña han aumentado los precios del alquiler un 30% en los últimos cinco años y la escalada de precios ha afectado, sobre todo, a Barcelona y su entorno metropolitano porque se han destinado viviendas a uso turístico y ha entrado capital extranjero con grandes operaciones inmobiliarias. Esta dinámica se ha traducido, según consideran, en la expulsión de “muchos vecinos” de su entorno de residencia por desahucio o imposibilidad de afrontar los nuevos precios al vencer los antiguos contratos.