Un año de la sentencia del «procés»: los presos independentistas miran a las elecciones catalanas

En la antesala a la publicación de la sentencia del «procés», el independentismo auguraba que una dura condena podía catapultar a su proyecto rupturista tanto como lo hizo la sentencia del Estatuto en 2010 y situarlo cerca de la culminación. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque un año después del fallo del 14 de octubre, la división entre partidos es la nota dominante y hasta la gestión de la situación penitenciaria ha originado choques. La independencia se enfría, mientras los presos otean el horizonte con diferente perspectiva, aunque con las elecciones catalanas del 14-F también en mente: de hecho, como todos los presos habrán cumplido una cuarta parte de la condena antes del inicio de la campaña, podrían participar.

¿Por qué? Porque una vez cumplen ese plazo de la pena, pueden aspirar a permisos penitenciarios –salidas de prisión con toda la libertad durante varios días (máximo siete seguidos)–. En este sentido, en la sala de máquinas de Esquerra aspiran a poder recurrir a la participación de Oriol Junqueras para poder enfrentarse a Carles Puigdemont con más fuerza que en 2017, cuando los republicanos acusaron mucho la ausencia de su líder –encerrado en prisión– y acabaron perdiendo por la mínima –12.000 votos– frente a JxCat, que sí pudo contar con el expresident.

En cualquier caso, el año transcurrido se ha convertido en una montaña rusa para los presos, condenados a entre 9 y 13 de años de cárcel: por un lado, han conseguido ver la luz de la semilibertad al acogerse primero al artículo del 100.2 del Reglamento Penitenciario, que les permitía salir a trabajar durante unas horas a la semana, y después al tercer grado, que les ha permitido pasar 16 horas diarias en la calle y dormir fines de semanas en casa; por otro lado, un recurso de la Fiscalía al tercer grado, ha tumbado las salidas a la calle y ha devuelto a los presos al segundo grado sin opción de salida. Ese recurso, sin embargo, ha sido rechazado por el juzgado de vigilancia penitencia, pero el tercer grado sigue en suspenso, pendiente de la revisión por el Tribunal Supremo, que, atendiendo a los precedentes –revocó el 100.2 de Carme Forcadell–, parece difícil que resuelva a favor de los presos.

El Supremo resolverá el recurso, previsiblemente, antes de que finalice el año, aunque se está retrasando por el tiempo que está tomando tener que traducir del catalán al castellano los expedientes carcelarios que ha solicitado a la Generalitat, según explican fuentes jurídicas.

Pese a que la pandemia se ha cruzado por medio de este aniversario, la situación de los presos continúa estando muy presente en la política española, ya que ha sido desde el principio una de las exigencias del independentismo a abordar con el Gobierno, sobre todo, en la mesa de diálogo. Además del derecho de autodeterminación, el separatismo reclama una Ley de amnistía que anule las condenas de los presos. No sólo eso, también quieren que el Ejecutivo se retire de todas las causas judiciales contra el independentismo, representado a través de la Abogacía del Estado.

Lo que reclame el independentismo influye sustancialmente sobre el Gobierno porque Esquerra se ha convertido, con más o menos estabilidad, en socio de Pedro Sánchez. En este marco, el mantra de «amnistía y autodeterminación», suscrito también por los postconvergentes, es uno de los pocos acuerdos de mínimos del independentismo político tras la sentencia. No obstante, la amnistía parece descartada.

Las dos vías activadas por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos como claro gesto a JxCat y en especial a ERC de cara a la aprobación de los presupuestos han sido la de la tramitación de los indultos y la reforma del delito de sedición liderada por Jaume Asens. La primera la anunció casi por sorpresa el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Sin embargo, su tramitación puede alargarse entre seis y ocho meses –más allá del 14-F– y es acogida con notable frialdad por parte del independentismo, pese a que también ha generado diferencias entre ERC –más proclive a aceptarlos– y JxCat. Sobre la mesa del Gobierno hay hasta cuatro peticiones de indulto para los líderes del «procés».El otro camino abierto por la Moncloa es la reforma del delito de sedición en el Código Penal dirigida a reducir las penas, aunque genera división: mientras JxCat asegura que es un «farol» y la rechaza, ERC se ha abierto a «estudiarla» aunque la tilda de «solución parcial».

Mientras, los CDR han convocado hoy una protesta en la plaza Urquinaona de Barcelona, epicentro de los disturbios del año pasado.