Aragonès reclama a Sánchez aplazar el pago de impuestos para los negocios afectados por el cierre

El Govern encabezado por Esquerra trata de paliar ahora los efectos de las drásticas restricciones aprobadas esta semana con el cierre total de bares y restaurantes en Cataluña durante al menos 15 días. A la espera del paquete de ayudas económicas anunciado para el martes que viene, el presidente en funciones y consejero de Economía, Pere Aragonès (ERC), reclama a Pedro Sánchez nuevas medidas: aplazar el pago de impuestos –el IVA, el Impuesto de Sociedades y de las cotizaciones de la Seguridad Social– para las empresas que ven limitada su actividad por el coronavirus, además de una moratoria en el pago de los préstamos y los suministros básicos de los locales. Dos peticiones que formalizó en una carta mandada por la Generalitat a La Moncloa el viernes.

El presidente en funciones argumenta que Cataluña está actuando con la máxima responsabilidad y que «no tendría ningún tipo de sentido que el Estado continuara cobrando impuestos con normalidad cuando muchas empresas, a causa de las medidas para frenar la Covid-19, no pueden operar con normalidad». «Esta es una exigencia urgente que si dependiera de nosotros ya habríamos tomado», dice, y pide al Gobierno que también ayude económicamente a los padres y madres que no pueden trabajar porque deben atender a menores en cuarentena preventiva. Esta ultima es una de las exigencias que el Ejecutivo catalán lleva repitiendo prácticamente desde el inicio de la pandemia.

En la misiva, el republicano indica que el Governaprobará un paquete de medidas económicas dirigidas a esos sectores en su próxima reunión semanal, prevista para el martes, entre las que destaca una línea de avales extraordinarios por medio del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir las necesidades de tesorería a corto plazo de las empresas.

«Pero si queremos que realmente (las medidas) actúen como un auténtico plan de rescate -agrega Aragonès-, necesitamos ir acompañados de una moratoria del cobro de impuestos». El vicepresidente incide en que «es imprescindible que ante la difícil situación a que se ven abocadas muchas empresas catalanas», el Gobierno decrete la moratoria en el pago de los impuestos ya mencionados, además de los suministros básicos y los préstamos de cada establecimiento.

Gestión de fondos europeos

Aragonès aprovechó la carta del viernes dirigida a Pedro Sànchez para reclamar también que la Generalitat «gestione directamente la parte de los fondos europeos de reconstrucción que le corresponde a Cataluña» y explica que el Govern ha diseñado un plan de reactivación con vocación transformadora del modelo productivo. El Govern pide al Estado que traslade estos fondos a Cataluña, para poder empezar a establecer las bases de la salida de la crisis, así como para construir un futuro lleno de oportunidades «que inevitablemente pasa por el ejercicio del derecho a la autodeterminación».

Alerta del sector

Y es que las restricciones aprobadas esta semana por parte de la Generalitat han provocado un alud de críticas desde el sector empresarial, pero también desde la esfera política. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, criticó que las ayudas del Govern no llegaran al mismo tempo que el cierre decretado y reclamó que sean «urgentes» y «suficientes», en referencia a la cifra de 40 millones anunciada por Aragonès. Una cantidad cuestionada también desde el sector de la restauración, que protestó agriamente ante el Palau de la Generalitat el viernes por la mañana.

Ayer, el presidente del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha advertido en una entrevista en Catalunya Ràdio de que la mitad de bares y restaurantes de la capital catalana podrían desaparecer «en un período de seis a nueve meses». «Si nos dejan sin trabajar no podemos pagar el alquiler», ha explicado, y ha criticado lo que califica literalmente como una protección escandalosa del sector inmobiliario.