27-O: tres años de una DUI reducida a la nada

Apenas tres minutos antes de las tres y media de la tarde del 27 de octubre de 2017, el independentismo cruzó definitivamente el Rubicón en el Parlament al aprobar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que Carles Puigdemont había dejado en suspenso 17 días antes. Y lo hizo mediante un voto secreto en una urna, en un hemiciclo semivacío con la ausencia de PP, PSC ni Ciudadanos y sin atisbo alguno de la épica histórica de otras jornadas recientes. Puigdemont, quien había decidido convocar elecciones apenas 24 horas antes y se echó atrás después de las famosas 155 monedas de plata de Gabriel Rufián y de los gritos de “traidor” a las puertas del Palau de la Generalitat, declinó incluso tomar la palabra en un pleno que acabó consumando el desafío contra el Estado. Una DUI que ahora, tres años después, pocos reivindican.

Lo que vino entonces es de sobras conocido: Mariano Rajoy anunció la aplicación del artículo 155 y la convocatoria de elecciones para el 21 diciembre; ninguna gesticulación pública acompañó el choque político del Parlament -los manifestantes reclamaron insistentemente arriar la bandera española del Palau, algo que Puigdemont no hizo-; el expresident huyó a Bélgica por sorpresa incluso de sus consejeros, quienes le esperaban el lunes en la Generalitat; y la querella de la Fiscalía General del Estado contra el Govern fue el preludio de la causa judicial posterior y la condena a los líderes del procés.

Ahora, Cataluña se enfrenta a una nueva convocatoria electoral -prevista para el 14 de febrero, si la pandemia lo permite- con el independentismo dividido tras una legislatura tortuosa, marcada por las disputas internas entre JxCat y ERC, la sentencia y los presos, la inhabilitación de Quim Torra y el coronavirus. De hecho, el Govern ha sido noticia por la pandemia y las nuevas restricciones a acordar, mientras el tercer aniversario del 27-O ha quedado relegado a la nada. Sí se ha manifestado a última hora de la tarde el propio Carles Puigdemont -uno de los pocos en hacerlo- a través de un hilo de Twitter en el que ha aprovechado para cargar de nuevo contra el Estado -"Nunca hará política. Usará la violencia policial y judicial, se saltará el Estado de derecho para garantizar una unidad a la fuerza", criticar que la UE “mira hacia otro lado” y que la “autonomía administrativa actual” -así define el modelo territorial- “no proporciona ninguna herramienta seria para construir el país que la mayoría desea (sí, la inmensa mayoría), sólo se supera con una república independiente”.

A nivel político, la DUI tiene más bien pocos adeptos que la reivindiquen al margen de la CUP. ERC ha consumado su giro pragmático hacia postulados más posibilistas tras las elecciones de 2017 y JxCat se ha enzarzado en un debate sobre las elecciones “plebliscitarias” de 2021 -y qué hacer si se supera la barrera del 50% de los votos- pese a las algaradas y a la gesticulación externa. De hecho, los comicios del 14-F pueden convertirse en los terceros que el independentismo califica de plebiscitarios después del órdago de Artur Mas en 2015 con Junts pel Sí y de la cita extraordinaria de 2017 a raíz del 155. Nunca, en ninguna de estas dos convocatorias anteriores, la suma de postconvergentes, republicanos y antisistema ha rebasado el umbral del 47,7% de los apoyos -su techo electoral hace tres años- pese a lograr sendas mayorías absolutas en escaños.

El nuevo proyecto de Junts de Carles Puigdemont, eso sí, centra su estrategia en el choque y la “confrontación inteligente” con el Estado, en apelar al mandato del 1-O y en abrazar la vía unilateral, aunque sin más concreciones a la espera de definir el futuro programa electoral. “Las próximas elecciones al Parlament deben abrir la puerta a un nuevo embate por la República Catalana, muy particularmente si las listas independentistas superan el 50% de los votos. En caso de obtener la mayoría de votos, se considerará la posibilidad de solicitar la intervención de la UE para forzar un referéndum acordado”, recoge la ponencia política aprobada a principios de mes.

En el plano civil, sólo la Assemblea Nacional Catalana (ANC) la reivindica con ahínco al exigir a las formaciones independentistas un paso más en caso de sumar mayoría en votos en las urnas. Es decir, su camino no pasa por un nuevo 1-O y sí por una DUI “efectiva”. Sin embargo, la entidad aprobó en un pleno extraordinario este último fin de semana las líneas maestras de cara al 14-F con un nuevo golpe de timón y siempre bajo la exigencia de la unilateralidad: fiscalizarán a los partidos para influir en las elecciones, compararán programas para que el electorado decida pero rechazan implicarse en la campaña de aquellos partidos que apuesten por la DUI como reclamaban algunas territoriales.