La CUP mete presión a Esquerra y JxCat y se postula para asumir cargos en el Parlament y el Govern

La CUP vuelve a inundar de incertidumbre la política catalana. El partido anticapitalista ha reunido esta mañana a su Consejo Político -máximo órgano de decisión entre asambleas- para valorar qué papel adoptar en la próxima legislatura. Y, de momento, más allá de desgranar sus líneas maestras y meter presión sobre Esquerra y JxCat al imponer un programa de máximos para alcanzar un acuerdo, mantiene las principales incógnitas: sigue en el aire su apoyo a una investidura de Pere Aragonés y sigue sin desvelar si formará parte de la Mesa del Parlament y de la Generalitat, aunque también ha enviado algunas señales al mostrar su disposición a asumir responsabilidades. También es cierto que cualquier decisión, en una formación asamblearia como la CUP, deberá pasar por el aval de las bases.

Los cuperos se limitan a fijar sus condiciones, que ponen mucho el acento en cuestiones socioeconómicas y dejan el “procés” algo orillado. En este sentido, Carles Riera y Eulàlia Reguant han marcado las cuatro prioridades: adoptar cambios en los Mossos d’Esquadra de inmediato (supresión/moratoria de las balas de foam, veto a los antidisturbios en desahucios y eliminar la personación de la Generalitat en causas contra activistas) y afrontar la “vulneración del derecho a la vivienda”; trazar un plan de “rescate social” para acabar con la pobreza en la próxima legislatura y ofrecer servicios públicos de “garantías”; “construir las bases de un nuevo país” con especial atención a los derechos y libertades, el feminismo y la transición ecológica; y, retomar el camino y la iniciativa en el proceso de autodeterminación.

“Las prioridades de la CUP son que el Parlament y la Generalitat den un giro radical de 180 grados y se convierten en escudo social”, ha asegurado Riera, que ha puesto también el listón: “Para la CUP, esta legislatura sería un fracaso absoluto si no se blindan el derecho de la vivienda, el fin de la represión de la Generalitat y el blindaje de los servicios públicos”.

“El programa es nuestra prioridad. En absoluto son las sillas”, ha asegurado Riera, quien también ha advertido de que la CUP está dispuesta a asumir responsabilidades institucionales “sin que la represión sea un límite”. “Siempre hemos dicho que estaremos a disposición de asumir todas las responsabilidades que haga falta sin que la represión sea un límite para conseguir los objetivos. Y, nosotros, en cada momento asumiremos la posición institucional que nos parezca más adecuada para avanzar en los objetivos”, ha afirmado el dirigente cupero, que ha delegado en la militancia la toma de la decisión. “Para la CUP lo fundamental es el enfoque”, ha añadido.

En este sentido, ha repasado las “dos razones” por las que la Mesa del Parlament tendrá un papel “fundamental” en la próxima legislatura: por un lado, para aplicar el “pacto antifascista” para impedir “discursos de odio”, en referencia a Vox; por otro lado, para garantizar que se pueda debatir y votar sin las restricciones del Tribunal Constitucional -tanto en iniciativas relacionadas con medidas sociales y económicas como con el “procés”-.

En cualquier caso, la decisión final de la CUP sigue en el aire y se tomará en función de cómo avancen las negociaciones. Lo cierto es que las exigencias chocan tanto con los planes de Esquerra como de JxCat: con los republicanos porque pretenden minimizar el grado de confrontación con el Estado para evitar ahondar en la crispación y con los de Carles Puigdemont porque muchas de sus propuestas están alejadas de la línea ideológica de algunos de sus primeros espadas.