El TSJC asume la investigación contra Laura Borràs por la presunta adjudicación a dedo de contratos públicos

De vuelta en Cataluña para ser presidenta del Parlament, la investigación judicial abierta a Laura Borràs también recala en la autonomía. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha asumido ya la causa por la presunta adjudicación a dedo de contratos públicos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas entre 2013 y 2018. En concreto, está imputada por delito de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La causa se abrió en 2019 por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona –aunque los Mossos d’Esquadra iniciaron indagaciones ya en 2017 a raíz de la intervención del teléfono del adjudicatario–, pero Borràs, al convertirse en diputada en el Congreso, pasó a ser investigada por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal asumió el caso en diciembre de 2019 y citó a Borràs, pero se negó a declarar.

Según la investigación, Borràs habría fragmentado y adjudicado a dedo 18 contratos por valor de 260.000 euros. Este caso ha condicionado políticamente mucho a la presidenta del Parlament y candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat ya que incluso desde el propio independentismo se ha desconfiado mucho de su versión, que consiste en señalar que es víctima de una «persecución judicial» del Estado por ser independentista. Tanto Esquerra como la CUP han tratado de desvincular en todo momento su causa de los casos judiciales que afectan al separatismo por el «procés».

De hecho, durante la campaña electoral del 14-F, estuvo muy presente este caso entre los independentistas porque los republicanos aseguraron que una persona imputada como Borràs no iría nunca en sus listas y los cuperos amagaron con tumbar su investidura. La excandidata de JxCat a la Generalitat se mostró muy incómoda y siempre ha evitado públicamente dar explicaciones sobre este asunto, más allá de haber comparecido en el Parlament.

En cualquier caso, su futuro político tampoco parece que vaya a depender mucho de la situación judicial porque su derrota en las pasadas elecciones catalanas arreciaron las críticas contra su figura en el seno de JxCat y quedó debilitada internamente. Y, de hecho, durante la negociación de la investidura entre Esquerra y JxCat, tampoco había mucho entusiasmo por que formara parte del Govern ante el previsible juicio e inhabilitación durante la legislatura. «Atendiendo el avanzado estado de las actuaciones remitidas por el Tribunal Supremo por la pérdida sobrevenida del fuero especial de que disfrutaba la investigada señora Borràs, corresponde proseguir el procedimiento de investigación de los hechos que motivaron la incoación de la causa y que aparecen delimitados en las sucesivas resoluciones», explica el TSJC en un auto.

Los primeros pasos de Borràs al frente del Parlament se han desarrollado con más o menos sosiego, más allá de su discurso inaugural, en el que despreció a su antecesor Roger Torrent (Esquerra), o de puntuales choques con los once diputados de Vox. Asimismo, la legislatura ha arrancado con un simbolismo de calado histórico: los grupos independentistas (Esquerra, JxCat y CUP) y Podemos han aprobado una resolución para considerar que la I legislatura es la republicana de 1932 y no la de 1980 –de esta manera, ahora se contabilizarían 14 mandatos–.