El Govern llama ahora a la movilización en contra del castellano en las escuelas

El catalán se ha convertido en el nuevo campo de batalla del independentismo para reanimar el “procés” y cerrar filas en torno a una causa común en las instituciones y en la calle. Tras el varapalo del Tribunal Supremo a la inmersión al avalar la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano en todo el sistema educativo, el Govern de Pere Aragonès se ha instalado en el desacato y llama ahora a movilizarse en contra del castellano en las escuelas.

Tras reafirmarse en la desobediencia y avisar que no cumplirá con el mandato judicial, el propio president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha animado a los ciudadanos a sumarse a la manifestación que prepara la plataforma Somescola para el próximo 18 de diciembrefrente al Palacio de Justicia de Barcelona -sede del TSJC- con el objetivo de “dejar bien claro al Estado que el modelo de escuela catalana no solo genera un gran consenso sino que moviliza”. Una cita que encabeza, entre otros, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, condenado por el 1-O e indultado por el Gobierno.

Es más, el Govern ya prepara el terreno y Aragonès ha anunciado que encabezará una cumbre social “por el catalán en la escuela” el próximo 16 de diciembre, solo dos días antes de la manifestación de la plaforma Somescola. Dos citas que se suman al Pacto Nacional por la Lengua que el president convocará a principios de 2022 a fin de buscar el máximo consenso en torno al catalán.

Un cónclave que puede coincidir con la providencia del TSJC para pedir a la Generalitat la ejecución del 25% de castellano. Y, llegados al punto de que la Generalitat insista en el desacato, las entidades y familias volverán a mover ficha: ya han anunciado que reclamarán la ejecución forzosa de la sentencia.

Lo ha dicho el republicano en la sesión de control del Parlament, un debate que ha girado alrededor de la sentencia que tumba la inmersión y obliga a la Generalitat a impartir un 25% de castellano en las aulas. O, lo que es lo mismo, una asignatura más al margen de la propia de Lengua en todo el sistema educativo catalán, con un alud de críticas por parte de PP, Cs y Vox al Ejecutivo.

En este sentido, Aragonès también ha reiterado que el Govern no piensa acatar el fallo y ha avisado que reforzará el catalán y “profundizará” en la inmersión. Una arenga secundada por el propio consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, quien ha advertido que responderá a lo que ha calificado de “amenazas” de judicialización -en referencia al fallo del TSJC- “con más catalán en las escuelas”. Y ante este escenario, Educación insiste en eximir a los directores de centro de cualquier “responsabilidad” judicial ante las posibles denuncias que las familias interpongan, aunque sin explicar cómo.

Otra ofensiva: la ley del audiovisual... catalana

Por su parte, el líder del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet, ha urgido al conjunto del independentismo a “impulsar la ley catalana del audiovisual” en el Parlament, que ya registró su partido en medio del debate por el catalán y con un ojo puesto en el Congreso.

En respuesta a Batet, Aragonès ha presionado y ha dicho estar “convencido” de que los diputados catalanes en el Congreso, en referencia a los posconvergentes, “defenderán” que la futura ley “incorpore la defensa del catalán” en cualquier lugar. Todo después de que ERC haya vuelto a poner en riesgo los Presupuestos en plena negociación con el Gobierno.