El separatismo moviliza sus recursos contra la sentencia del castellano

Pere Aragonès aspiraba a una legislatura más o menos sosegada, que le permitiera volcarse en la gestión de los servicios públicos y dejar a un lado el «procés» mientras el independentismo se repone de los golpes de 2017 y gana músculo electoral. Sin embargo, parece muy complicado que se dé ese escenario porque las inercias del «procés» continúan muy presentes y la confrontación del separatismo con el Estado sigue muy viva: en este sentido, ahora la fuente de conflicto es la lengua en la educación, donde el president y la Generalitat lidian con las presiones del constitucionalismo, que se ha organizado para hacer cumplir la sentencia del 25%, y del independentismo y sectores afines que aprietan a favor de la desobediencia.

En cualquier caso, de entrada, Aragonès ha querido hacer gestos encaminados a hacer ver que la Generalitat incumplirá con la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga a todas las escuelas a impartir un mínimo de 25% de las horas lectivas en castellano, y redoblará la apuesta por imponer más catalán en la educación, un extremo que ponen en duda en algunos sectores. Uno de esos gestos más recientes del president ha sido ofrecer protección jurídica a los profesionales (desde directores de escuelas a profesores) ante posibles problemas con la Justicia en la aplicación de la resolución judicial. Otro de los gestos ha sido crear el Pacto Nacional por la Lengua dotado con 345.000 euros para promocionar acciones a favor del catalán.

Es decir, hasta ahora, la Generalitat ha movilizado recursos para tratar de frenar el castellano y ha amagado con la desobediencia, pero sigue sin aclarar realmente qué hará. Desde las principales entidades independentistas, como la ANC u Òmnium, siempre se ha apelado a la desobediencia. Sin medias tintas: y, de hecho, la propia ANC ha ofrecido también sus servicios jurídicos repartidos por todo el territorio catalán a las escuelas para el caso de que necesiten apoyo legal. Por ahora, solo tres escuelas de Girona han expresado claramente su voluntad por desobedecer. El resto, parecen expectantes porque la Generalitat todavía no ha recibido la notificación de la sentencia y, a partir de ahí, tendrá dos meses para decidir cómo actuar.

No obstante, la portavoz de USTEC -sindicato mayoritario entre el profesorado-, Iolanda Segura, consultada por este diario, advierte de que la respuesta se debe dar desde la Generalitat, aunque ella también se muestra partidaria de que las sentencias del 25% de castellano «no se deben aplicar». A su juicio, «no están basadas en ningún criterio legal porque no hay ninguna ley que dictamine un tanto por ciento de las clases que se deben de impartir en una u otra lengua en las escuelas». En este sentido, Segura alude tanto a la sentencia que afecta a todo el sistema educativo como a las sentencias que afectan a escuelas concretas (en ambos casos, la Justicia obliga a un 25% de castellano).

Segura, que sostiene que la actual ley educativa (Lomloe) da la competencia en materia lingüística a las autonomías, cree que la Generalitat se ha mostrado «poco valiente» porque «nunca ha defendido ni legislado cuál debe ser el modelo de escuela» en materia lingüística. La portavoz de Ustec defiende la inmersión porque considera que permite dar las «mismas oportunidades» a todos los alumnos, aunque también se abre a que se pueda flexibilizar para que se imparta más castellano en zonas rurales (más catalanoparlantes) y mande el catalán en el área metropolitana (más castellanohablante). En cualquier caso, la responsabilidad es de la Generalitat: «Debe marcar la línea y legislar».

En paralelo, el constitucionalismo, con la Asamblea por una Escuela Bilingüe a la cabeza y la agrupación una Escuela de todos, mantiene su campaña sin dinero público para hacer cumplir con la sentencia: ya ha conseguido aunar 200 demandas de familias que exigen el cumplimiento y, al ritmo actual, estiman que a principios de febrero reúnan más de 1.000. Con todas esas demandas, tienen previsto acudir a la Justicia y obligar a la Generalitat a que aplique la resolución judicial.