Más de 200 familias piden el 25 % de clases en castellano

El pulso por la aplicación de la sentencia del 25% de castellano en las escuelas catalanas está a la vuelta de la esquina. El margen del Govern se va estrechando porque la cuenta atrás ya ha empezado (está por ver cuándo el Tribunal Supremo notifica a la Generalitat y, a partir de ahí, se tendrían que contar dos meses) y, en paralelo, el constitucionalismo se va organizando para ganar músculo y poder frenar cualquier intento de desobediencia del ejecutivo catalán. En este sentido, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha iniciado una campaña y ya ha unido a más de 200 familias a favor de la aplicación de la sentencia. La previsión es, al ritmo actual, alcanzar las 1.000 firmas a principios de febrero.

“La aplicación de la sentencia por las buenas no va a ser”, augura la presidenta de la AEB, Ana Losada, ya que prevé que la Generalitat va a acabar desobedeciendo porque “ha cavado su propia tumba” al haber llamado ya a incumplir la resolución judicial. Ve muy difícil que ahora el Govern se desdiga. “Tenemos buenas sensaciones. 200 familias en pocos días es una buena cifra”, señala Losada a este diario.

De momento, pocos o prácticamente ningún colegio público se ha atrevido a declarar que desobedecerá la sentencia. De hecho, la AEB remitió una carta a un buen puñado de escuelas para advertirle de que deberían cumplir con la resolución judicial, pero, más allá de recibir grotescos insultos, nadie osó decir que iban a desacatar.

Losada ha afirmado que, desde que el pasado día 3 de enero se instaló en el centro de Barcelona la carpa informativa, han pasado por ella unas 30 familias diarias que han firmado el formulario con el que se suman a la denuncia. A estas denuncias se deben añadir las recibidas y tramitadas por otras vías como partidos políticos, ha añadido Losada.

La presidenta de la AEB asegura que el ritmo de adhesiones es “muy bueno” y afirma que ha despertado interés incluso entre los profesores: “Algunos nos la agradecen y afirman que hasta ahora se han sentido solos en los colegios defendiendo el castellano”. Lo cierto es que la intención de la AEB es presentar ante el TSJC un grueso importante de denuncias (recogiendo todas las demandas) para tener fuerza y tumbar por la vía de los tribunales a la Generalitat.

El Govern también está jugando sus cartas y, más allá de amagar con desobedecer la sentencia, también ha iniciado una campaña para crear un contexto de “victimización” del catalán, usando argumentos como que el uso de la lengua está en descenso. El golpe a la inmersión lingüística, que es el sistema que rige en la educación catalana (el catalán es la lengua vehicular y el castellano es residual), permite alimentar aún más esa campaña, con la complicidad del Gobierno, que tampoco está mostrándose muy predispuesto a instar al cumplimiento de la histórica sentencia dictada ahora hace ya más de un año y avalada hace dos meses por el TS.

Con el fin de difundir la campaña, este fin de semana se instalarán carpas informativas en las ciudades de Tarragona, Terrassa y en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona, y la próxima semana se hará en Girona, ha confirmado. Respecto a la campaña de micromecenazgo que se llevó a cabo para publicitar la iniciativa y para la que eran necesarios 10.000 euros, la AEB consiguió los fondos en una semana, lo que da una señal de que la movilización del constitucionalismo va a más.

Una docena de entidades, entre las que se encuentran Asamblea por una Escuela Bilingüe, S’ha Acabat! o Societat Civil Catalana, han iniciado una campaña a la que se pueden sumar las familias catalanas interesadas en pedir ante el TSJC que se impartan el 25% de las materias en castellano como lengua vehicular. Tal como explica Impulso Ciudadano en su sitio web, la iniciativa tiene como objetivo ayudar a las familias a “solicitar la ejecución forzosa de la sentencia que pone fin a la inmersión, si la Generalitat no acata la sentencia que así lo establece”. Por eso, Escuela de todos ofrecerá “asesoramiento jurídico” para las familias que quieran hacerlo. Impulso Ciudadano está presidido por el ex diputado de Ciudadanos José Domingo.