5 detenidos por registros en el Ayuntamiento socialista de Cornellà por contratos fraudulentos

La operación de la Policía Nacional está relacionada con una causa en la que está investigada la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín

Agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han iniciado este lunes a las nueve de la mañana registros en la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cornellà del Llobregat y en el Consell Esportiu Comarcal del Baix Llobregat (Barcelona) por presuntas “subvenciones y contratos fraudulentos”.

Fuentes policiales han explicado que estos registros guardan relación con la investigación abierta en el Consell Esportiu de L’Hospitalet de Llobregat. La misma Policía Nacional apunta al teniente de alcalde Cristian Alcázar como presunto responsable de esta malversación de fondos públicos.

Volviendo a los hechos de hoy, al mediodía el registro aún se está ejecutando, y las mismas fuentes han asegurado que han habido 5 detenidos.

Según han informado fuentes cercanas al caso, la operación, que la dirige el juzgado de instrucción número 2 de Cornellà de Llobregat y está relacionada con la causa de presunto desvío de subvenciones al Consell Esportiu de L’Hospitalet (Barcelonès) en la que está investigada la alcaldesa de este municipio, Núria Marín .

La causa que afecta a Marín investiga presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y blanqueo en el consejo deportivo de la ciudad. Por eso recientemente ERC registró una solicitud para que Marín compareciese en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament. También se ha pedido la comparecencia de Cristian Alcázar , de Cristóbal Plaza , ex concejal de Deportes que dimitió a raíz de la investigación, y de Jaume Graells , que denunció el presunto caso.

La policía considera a Alcázar, uno de los responsables de la presunta trama de malversación de fondos. La unidad de investigación del cuerpo policial denuncia en los informes presentados a la causa la “pasividad, permisividad o dejadez” ante la falta de control de las subvenciones públicas por valor de unos 200.000 euros anuales . También observa un posible “enriquecimiento ilícito” , entre otras irregularidades. En esta parte de la investigación el cuerpo no implica a Núria Marín, a la que se acusa de no hacer caso de las advertencias sobre las presuntas anomalías.