Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana denuncian a Cambray por desobediencia y prevaricación con la sentencia del 25 %

Las asociaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, presididas por Gloria Lago y Ángel Escolano, respectivamente, han presentado, ante Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, denuncia contra el Consejero de Educación, González Cambray, y otros altos funcionarios de su departamento, por los delitos de desobediencia a los Tribunales y por prevaricación. El primer delito acarrearía una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. En el caso del delito de prevaricación podría suponer de siete a diez años de inhabilitación.

El 16 de diciembre de 2020 el TSJC dictó Sentencia, a instancias del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que obligaba a la Generalitat a “adoptar las medidas que sean necesarias a los efectos de garantizar que, en los sistemas comprendidos en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”. Esta Sentencia fue recurrida sin éxito por la Generalidad quedando, por lo tanto, firme la sentencia del TSJC.

En fecha 21 de enero de 2022 el Tribunal comunicó a la Generalidad que la sentencia era firme.

El 4 de mayo se requirió al Consejero de Educación para que dictara instrucciones a todos los centros educativos de Cataluña. En el plazo de 15 días debía adoptar las medidas necesarias para que al menos el 25 por ciento de las clases, se impartan en español/castellano en todos los centros. Dicho plazo terminaba ayer, día 31de mayo, sin que se haya dictado resolución en tal sentido, antes al contrario, han dictado instrucciones en las que se insta expresamente a desobedecer el mandato efectuado por la Sala.

En nuestra denuncia aportamos documentación para demostrar que González Cambray, además de desobedecer las órdenes del Tribunal, en las instrucciones enviadas a los centros les insta a no modificar sus proyectos lingüísticos.

De la documentación aportada en la denuncia nos gustaría destacar la pregunta que figura entre las instrucciones dadas a los centros:

“¿El proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas?”.

Si se contesta ‘no’ a esta pregunta se anula el proyecto lingüístico, lo que impide de manera directa que se cumpla la Sentencia y que el castellano no sea tratado como una lengua extranjera. Como es de ver, estamos ante una clara estratagema para no cumplir la Sentencia y hacer imposible su cumplimiento.

En la denuncia también se solicitan diversas diligencias entre las que figura la toma de declaración al consejero, y se le facilita al tribunal una relación de declaraciones realizadas por Cambray que contribuyen a probar ambos delitos.