Forcadell apunta hacia Borràs y ERC ya amenaza con dejarla caer

Día de resaca política para Laura Borràs, presidenta del Parlament y lideresa de Junts en sustitución de Carles Puigdemont. Procesada por cuatro delitos de corrupción, a la espera del escrito de la Fiscalía y a un paso de juicio, su cargo en la cámara está en el abismo y la inminente suspensión depende en gran parte de Esquerra.

La campaña de presión ha empezado y en ERC el mensaje es claro: separan su caso de la la supuesta persecución judicial contra el independentismo, le exigen responsabilidad y ya amenazan con dejarla caer si se acaba sentando en el banquillo de los acusados. En privado el mensaje es ese, y en público quien lo ha verbalizado este jueves ha sido Carme Forcadell, una elección nada baladí al tratarse de su antecesora y un “referente” para Borràs.

“El Parlament debe ser una institución ejemplar. Debe tener tolerancia cero con la corrupción y debe ser transparente para que no haya ninguna duda sobre el movimiento independentista”, ha advertido Forcadell en una entrevista en la cadena Ser.

En este sentido, la expresidenta de la Cámara ha pedido a Borràs pensar no en “ella misma” sino en el “prestigio de la institución”. Borràs “debe dar explicaciones muy convincentes” sobre este caso, porque “no debe haber ninguna sombra de sospecha sobre la honestidad del movimiento independentista” y del propio Parlament, ha abundado abriendo la puerta a una hipotética salida de la posconvergente.

De hecho, Forcadell ha dado a entender que la opción de la dimisión debería estar encima de la mesa y así evitar un enfrentamiento directo con Junts. De no ocurrir, ERC ya avisa con dejarla caer en aplicación del reglamento del Parlament.

Y aquí entra el juego el artículo 25.4, que indica que la Mesa debe “acordar la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios de forma inmediata” cuando se decrete apertura de juicio oral –algo que puede hacer el TSJC tras la posición de la Fiscalía– y en caso los delitos asociados a la corrupción como los que se le imputan a Borràs.

La propia Borràs maniobró hace unos meses para modificar este punto y se topó con el rechazo de todos los partidos, incluso de ERC y la CUP. De hecho, la inclusión de este artículo fue una iniciativa de los antisistema que republicanos y posconvergentes aprobaron en la cámara en 2017 en el marco de la negociación sobre las leyes de ruptura.

Ante la incertidumbre sobre su futuro inmediato, la presidenta del Parlament hace semanas que estudia dos vías para evitar su suspensión en caso de que el TSJC le abra juicio oral: una política y otra netamente jurídica. Por un lado, la Comisión del Estatuto del Diputado -a la que la Mesa puede remitir el caso si tiene dudas sobre cómo proceder- podría elaborar un dictamen que sentenciara que a Borràs no se le puede aplicar el artículo 25.4 porque la causa contra ella tiene motivaciones “políticas” y no judiciales.

El dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado podría alegar también que a Borràs no se le puede aplicar el mencionado artículo del reglamento por las dudas jurídicas que pesan sobre el mismo y que están recogidas en dos informes de los letrados de la cámara catalana, uno de 2018 y otro de 2021, informa Efe.

Ambas, eso sí, requerirían del apoyo de ERC y la CUP y especialmente la primera puede generar fuertes choques dentro del independentismo.