Tres años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenara garantizar al menos un 25 % de las clases en castellano, el sistema educativo catalán sigue sin aplicar de forma generalizada el mandato judicial. De las más de 3.500 escuelas públicas y concertadas que existen en Cataluña, solo una veintena cumplen la sentencia, según datos de diversas entidades educativas y fuentes judiciales.

La Generalitat de Cataluña, en lugar de acatar la resolución del TSJC, aprobó en 2022 una nueva ley y un decreto lingüístico que eliminan los porcentajes de uso del castellano y el catalán en las aulas. Esta maniobra legal, impulsada por el Govern y apoyada por ERC, Junts, PSC y los comunes, ha servido de escudo para que la mayoría de los centros mantengan intacto el modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán, instaurado hace más de 40 años.

Las asociaciones de padres que reclaman enseñanza bilingüe denuncian que se trata de una “desobediencia institucional” y un incumplimiento flagrante de las sentencias judiciales. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y Convivencia Cívica Catalana aseguran que el Govern está “utilizando la ley autonómica para blindar la ilegalidad” y recuerdan que el castellano es también lengua vehicular del Estado.

El propio Tribunal Supremo y el TSJC han reiterado que las resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento y que ningún poder público puede situarse por encima de la ley. Sin embargo, las familias que solicitan el 25 % de castellano se enfrentan a un laberinto burocrático y judicial que retrasa la aplicación efectiva de las medidas cautelares.

Mientras tanto, la Generalitat insiste en que el modelo catalán “garantiza el dominio de las dos lenguas oficiales” y acusa al Estado de querer “imponer una recentralización lingüística”. Pero lo cierto es que, a día de hoy, más del 99 % de los centros educativos catalanes continúan sin aplicar la sentencia firme del TSJC, una situación que muchos juristas consideran una anomalía democrática y un precedente peligroso de desobediencia institucional en el ámbito educativo.

De hecho, la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha asegurado que el Govern está comprometido con la defensa del modelo lingüístico de Cataluña, a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el castellano en las aulas: "Estamos preparados".

Aseguró recientemente que el Govern "defiende y defenderá el catalán, tanto en el aula como en las calles, como lengua inclusiva y transversal", y reiteró que la inmersión lingüística es fruto de un amplio consenso social.

Para ella, defender el modelo lingüístico es "defender un modelo de país", ya que no es solo preservar el catalán sino también garantizar la equidad y las oportunidades, y cree que es responsabilidad colectiva hacerlo.

Defendió que el sistema educativo catalán garantiza el dominio de las dos lenguas, tanto el castellano como el catalán, y reitera que la lengua curricular de aprendizaje es el catalán y que no ve "ninguna discriminación" del castellano.