El Ayuntamiento socialista de Barcelona anuncia medidas para fortalecer y expandir el uso del catalán en la ciudad

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado un ambicioso plan para reforzar el uso del catalán en todos los ámbitos de la vida pública y comercial de la ciudad. La medida, impulsada por el consistorio en colaboración con entidades culturales y lingüísticas, prevé inspecciones, campañas de sensibilización y la creación de una nueva “Oficina del Catalán” destinada a velar por los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

Según fuentes municipales, el objetivo del plan es “garantizar que los barceloneses puedan ser atendidos en catalán en cualquier punto de la ciudad”, una exigencia recogida en la normativa lingüística vigente. Para ello, se revisarán los protocolos de inspección en bares, restaurantes y comercios con el fin de comprobar que el catalán se utiliza en la atención al público, en la rotulación y en los menús. Además, el consistorio habilitará un “buzón del catalán” para recoger quejas y denuncias de ciudadanos que consideren que no se han respetado sus derechos lingüísticos.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio con 68 medidas específicas para fomentar el uso del catalán en la administración, la educación, la cultura y la empresa privada. Entre ellas, destaca la obligación de que el catalán sea la lengua por defecto en las comunicaciones municipales, actas y materiales de promoción institucional. También se promoverán actividades en los distritos para reforzar su presencia en el ámbito social y asociativo.

El anuncio llega en un momento de preocupación por el retroceso del catalán en la capital catalana. Los últimos estudios del Ayuntamiento indican que solo un 36 % de los barceloneses lo usa como lengua habitual, una cifra que se ha reducido de forma continuada en la última década. Por este motivo, desde el gobierno municipal se considera urgente “revertir esta tendencia” y “normalizar el uso del catalán en todos los contextos”.

Sin embargo, las nuevas medidas han generado controversia. Mientras que los partidos independentistas y entidades como Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua las celebran como un paso necesario para proteger la lengua, desde sectores constitucionalistas y asociaciones de comerciantes se critica lo que consideran una “vigilancia lingüística encubierta”. Algunos empresarios alertan de que la normativa podría derivar en sanciones o inspecciones arbitrarias y de que se está imponiendo una visión ideológica del uso de la lengua en detrimento de la libertad empresarial.

La polémica se suma a las advertencias de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que recientemente instó al Institut Municipal d’Educació de Barcelona a garantizar los derechos lingüísticos en las guarderías municipales, recordando que el catalán debe ser la lengua vehicular. Con este nuevo plan, el Ayuntamiento pretende trasladar ese mismo principio al conjunto de la ciudad.

Desde el gobierno municipal defienden que la política lingüística no busca imponer, sino “garantizar la igualdad de derechos de los catalanohablantes”. Sin embargo, la aplicación práctica del plan —especialmente en el terreno de las inspecciones a comercios— promete reavivar el debate sobre la convivencia lingüística en Barcelona.