Los Comuns piden sancionar a propietarios como condición para negociar los presupuestos

Jéssica Albiach, la líder de los comuns en el Parlament de Cataluña, ya avisó a principios de la legislatura que iba a ser “la legislatura de la vivienda” y que su formación iba a ser todo lo posible para “garantizar ese derecho” y acabar con la “emergencia habitacional”. Así lo han materializado constantemente tanto en los pactos de investidura para hacer presidente a Salvador Illa, como en las condiciones que ponen para apoyar los presupuestos como en las que pusieron para dar luz verde a los suplementos de crédito del curso pasado.

En todas esas instancias han conseguido condicionar la postura del Govern de la Generalitat. Consiguieron el compromiso de regular el alquiler de temporada, que se tiene que votar en el Parlament, la creación de un registro de grandes tenedores, la creación de un cuerpo de inspectores para controlar a esos grandes propietarios y, aparejado, un régimen sancionador para aplicar sanciones a los que detecten que están burlando la normativa.

A este respecto, la consellera de Vivienda de la Generalitat, Sílvia Paneque, interpelada por la diputada de los comuns Susanna Segovia, reconocía en el Parlament catalán que el ejecutivo catalán tiene abiertos "30 expedientes de vigilancia de incumplimiento" del tope del alquiler establecido por la Ley de Vivienda, especialmente en el Área Metropolitana de Barcelona.

Sin embargo, para los comuns no es suficiente. No basta con tenerlos abiertos, sino que quieren que se cierren, y con resolución favorable a la administración y contraria al propietario, es decir, quieren sanciones. A este respecto, Albiach ha elevado su apuesta y ha dicho que su formación no negociará los presupuestos de 2026 hasta que ese régimen sancionador se traduzca en sanciones efectivas por los incumplimientos de la ley de vivienda y de los topes a los precios del alquiler. "Antes de sentarse a negociar, deben cumplir. Y cumplir también significa resolver los expedientes y poner sanciones a quien incumple", ha dicho en una entrevista.

De este modo, los comuns redoblan su apuesta. Hasta ahora, se negaban a negociar las cuentas alegando que, más allá de compromisos y buenas palabras, todavía no se estaban materializando las exigencias que le habían puesto al Govern tanto en materia de vivienda como en otros aspectos sociales. Sin embargo, ahora han incorporado otra exigencia. Ya no basta con crear un régimen de sanciones, un registro de propietarios o un cuerpo de inspectores, sino que quieren ver efectivas esas multas.

Vivienda especulativa

Este nuevo anuncio llega un día después de otro: el pasado martes, en la sesión de control al Govern, Albiach advirtió que tampoco aprobaría los presupuestos si no se prohíbe la compra de vivienda especulativa. "Si en algún momento nos sentamos a negociar los presupuestos, la prohibición de las compras especulativas será un tema central en la mesa de negociación", decía Albiach.

La líder del grupo en el Parlament recordó que su formación ya ha registrado una proposición de ley para modificar la normativa urbanística catalana y permitir que los ayuntamientos puedan vetar la compra de pisos con fines especulativos. La iniciativa se sustenta en un informe del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), hecho público el 10 de octubre, que concluye que “jurídicamente, es viable prohibir la compra especulativa”.

El president del Govern, Salvador Illa, se ha mostrado dispuesto a estudiar la propuesta. En respuesta a Albiach, reconoció haber leído el informe y aseguró que la vivienda es “la prioridad número uno del Govern”. Aun así, advirtió que la medida “no es algo sencillo” y que se requieren informes adicionales para analizar su encaje jurídico, encargados ya al Departament de Vivienda que dirige Sílvia Paneque.

Pero para los comuns, la voluntad de Illa no es suficiente. Albiach reprochó al president que “el trabajo jurídico ya está hecho” y que lo que falta es “voluntad política” para materializar la propuesta. La medida, según explicó, tendría dos condiciones: aplicarse solo en zonas de mercado tensionado y mantenerse vigente “mientras dure la emergencia habitacional”. Bajo este marco, cada persona solo podría tener una vivienda, su residencia habitual, y una segunda únicamente si está situada en otro municipio.

“La urgencia es evidente”, argumentó Albiach, al señalar que “el mercado de la vivienda está secuestrado por unas pocas manos” y que “el 60% de las compras se pagan al contado por especuladores y fondos buitres”. Por ello, insistió en que, si en algún momento los comuns se sientan a negociar los presupuestos de 2026, “la prohibición de las compras especulativas será un tema central en la mesa de negociación”.

De este modo, a todas las exigencias que los comuns habían puesto hasta ahora, esta semana han incorporado dos nuevas: la prohibición de la compra de vivienda especulativa, y las primeras sanciones a los propietarios que se considera que no cumplan la ley de vivienda.