Solo el 17 % de los ayuntamientos de Cataluña cumplen la Ley de Banderas. Así lo revela un informe publicado por la asociación Impulso Ciudadano, que denuncia que 763 de los 947 municipios catalanes —casi ocho de cada diez— no exhiben la bandera de España en sus edificios consistoriales, incumpliendo con ello la legislación estatal que obliga a que ondee junto a la bandera de Cataluña y la de la Unión Europea.

El estudio, elaborado entre octubre de 2023 y mediados de 2024, analiza el grado de cumplimiento de la Ley 39/1981, que regula el uso de los símbolos oficiales del Estado. Según los datos recogidos, únicamente 160 ayuntamientos (17 %) cumplen plenamente la normativa, es decir, muestran la bandera española, la catalana y, en algunos casos, la europea, sin incluir símbolos partidistas o nacionalistas.

En el extremo opuesto, 763 consistorios carecen de la enseña nacional. De ellos, 381 (40 %) tampoco izan la bandera catalana, mientras que otros 97 lucen la estelada independentista —símbolo no oficial del movimiento soberanista— y 62 exhiben otros emblemas o pancartas de carácter político o reivindicativo.

Una práctica extendida en las zonas rurales y bajo gobiernos independentistas

El incumplimiento de la ley no se distribuye de manera homogénea. El informe apunta que la ausencia de la bandera española es más frecuente en municipios pequeños y medianos, especialmente en las comarcas del interior de Lleida y Girona, donde el independentismo mantiene una fuerte implantación institucional. En cambio, las grandes ciudades —como Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona— sí suelen mantener las banderas oficiales, aunque en algunos casos también han protagonizado episodios de protesta o retirada temporal de la enseña nacional.

El origen del conflicto: ley estatal y desobediencia simbólica

La Ley de Banderas establece que la bandera de España debe ondear en todos los edificios públicos y ocupar un lugar preferente cuando se exhiban otras. Sin embargo, desde hace años numerosos ayuntamientos catalanes han optado por retirarla o sustituirla por la estelada, en lo que algunos alcaldes justifican como una “expresión de libertad política” o “reivindicación nacional”.

El informe recuerda que este tipo de decisiones incumplen la normativa estatal y podrían acarrear sanciones o requerimientos de la Delegación del Gobierno en Cataluña. No obstante, en la práctica, las actuaciones administrativas han sido escasas y, según la entidad promotora del estudio, “la dejación de las autoridades ha permitido que el incumplimiento se normalice”.

Impulso Ciudadano pide medidas firmes

Desde Impulso Ciudadano, su presidente, José Domingo, ha reclamado al Ejecutivo central y a la Generalitat que actúen “para restablecer la legalidad y garantizar que los símbolos de todos los españoles estén presentes en las instituciones públicas catalanas”. Domingo lamenta que “el incumplimiento generalizado de la ley transmite una imagen de impunidad y de ruptura simbólica con el Estado”.

La entidad, que lleva más de una década monitorizando la presencia de banderas oficiales en Cataluña, ha anunciado que remitirá el informe al Defensor del Pueblo y a la Delegación del Gobierno para que se adopten medidas correctivas y se exija a los ayuntamientos la restitución de las enseñas oficiales.

Contexto político

El estudio se publica en un contexto de rearme simbólico del independentismo, con nuevos llamamientos de partidos como ERC, Junts y la CUP a reforzar los “signos de soberanía” en el espacio público. Paralelamente, el Gobierno central insiste en mantener una política de diálogo con la Generalitat y ha evitado pronunciarse de manera contundente sobre la cuestión de las banderas, que sigue siendo un terreno de fricción entre ambos niveles de la administración.