Los Comuns piden tramitar por lectura única su propuesta de prohibir compras especulativas

Los Comuns han solicitado tramitar por el procedimiento de lectura única su proposición de ley de modificación de ley de urbanismo, que permitiría limitar las compras de vivienda con fines especulativos.

La situación de "emergencia habitacional" en Catalunya, explican fuentes de los Comuns, justifica que la medida registrada el pasado miércoles en el Parlament se aborde en la Cámara mediante este procedimiento, con tal que pueda dar respuesta y herramientas a los ayuntamientos en el medio plazo.

"Si no lo hacemos por lectura única, seguramente no podrá estar en vigor ni en 2026", afirman desde el partido, por lo que confían que la Junta de Portavoces, y concretamente los partidos de izquierdas del Parlament --PSC-Units, ERC y CUP-- accedan a esta petición, aunque no pedirán que lo aborde la Junta de Portavoces hasta que lo hayan acordado.

Más allá de la tramitación, el éxito parlamentario de la medida requerirá del aval tanto de ERC como del PSC, y los Comuns prevén que sea uno de los principales temas en una eventual negociación sobre los Presupuestos --o en su defecto, de suplementos de crédito-- con el Govern, aunque dejan claro que todavía no han iniciado estas negociaciones.

Ley de urbanismo

La propuesta de Comuns plantea modificar la ley catalana de urbanismo en el sentido de incluir en su artículo 9 la prohibición de las compras de vivienda en zonas declaradas de mercado tensionado, salvo que se usen para residencia habitual en, como máximo, 12 meses tras la compra, con ciertas excepciones.

Su aplicación dependería de modificar otros artículos de la ley, para habilitar a los ayuntamientos a aprobar planes especiales urbanísticos que permitan aplicar esta prohibición, iniciativa que podrán trasladar a los plenos municipales también asociaciones privadas y entidades para que se debatan.

Esta prohibición de compra de viviendas en que no se reside tendría 4 excepciones: la compra para residencia habitual de familiares de primer y segundo grado (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos), la única segunda residencia fuera del municipio de residencia habitual, las herencias, y las compras enteras de edificios.

En el caso de las compras de edificios, aquellas viviendas que no sean la habitual se deberían alquilar según el índice de precios limitado (no podrán ser ni turísticos ni de temporada), y si ya hay inquilinos, se alargarían los contratos 5 o 7 años más a los que queden.

Las personas jurídicas, por lo tanto, no podrían comprar viviendas en las zonas declaradas tensionadas.

La propuesta contempla tipificar como infracciones urbanísticas muy graves (que la ley actual sanciona con hasta 1,5 millones de euros) incumplir la norma.

Viabilidad de la propuesta

Los Comuns defienden la constitucionalidad de la norma basándose en un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) que avala la legalidad de la medida, y por el hecho que es una norma temporal y limitada a las zonas tensionadas, y descartan conflictos de competencias porque tan solo modificaría la ley de urbanismo de Catalunya.

"No estás interviniendo en el derecho a la propiedad ni quitándole a la gente cosas que ya tiene, sino que son medidas de intervención temporal y excepcionales en zonas tensionadas", argumentan los Comuns, que recuerdan que no es una propuesta retroactiva, y que la ley de urbanismo ya expone que las administraciones deben garantizar el principio de garantía de la cohesión.

Más allá de las mayorías en el Parlament, los Comuns admiten que su aplicación dependerá de la voluntad de las mayorías en los ayuntamientos, pero creen que las dificultades en el mercado de la vivienda justifican adoptarla.

"Hay alcaldes que piden 10 años de padrón para dar vivienda protegida. Esta es una medida que también podrían aplicar", expresan estas fuentes, en referencia a propuestas de alcaldes de Junts.