Illa encarga informes para prohibir la compra de vivienda especulativa

El Govern catalán trabaja en la preparación de informes jurídicos internos para determinar si una medida como la prohibición de adquisiciones de vivienda con fines especulativos puede encajar en el marco legal vigente. Así lo ha confirmado la portavoz del Govern y consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, quien ha dicho que el presidente Salvador Illa le ha encargado un estudio específico para contrastar qué propuestas podrían implementarse, cuáles requerirían modificaciones legales estatales y si entrarían dentro de las competencias autonómicas.

Esta iniciativa da continuidad al anuncio previo de Illa de que el Ejecutivo estaría abierto a estudiar la propuesta surgida del espacio de los Comuns, que registraron la propuesta en el Parlament, lo que convierte la elaboración de esos informes en la primera traducción institucional concreta de esa intención política.

La iniciativa de prohibir la compra especulativa de vivienda parte de los Comuns, que han registrado una proposición de ley para que los ayuntamientos catalanes puedan vetar compras de inmuebles que no estén destinadas a residencia habitual. La medida se presenta como una herramienta para frenar la presión del mercado especulativo y "garantizar que la vivienda sea un derecho, no un activo financiero".

La iniciativa de los Comuns se enmarca dentro de una estrategia más amplia: su grupo en el Parlament ha condicionado su respaldo presupuestario, y su apoyo a los suplementos de crédito del año pasado, a avances en materia de vivienda y su propuesta ha sido presentada con el aval de un informe jurídico encargado por el PEMB (Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona) que defiende su encaje constitucional si se diseña con carácter temporal, territorial y proporcionado.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, Paneque ha expuesto que están pidiendo "informes jurídicos que ayuden a ver estas propuestas, cuáles se adecuan al marco vigente o no, y si necesitan de modificaciones normativas que vayan más allá del Parlament de Cataluña y que tengan que ver con el Congreso”. Ha precisado que no se trata sólo de valorar desde la óptica jurídica, aunque esa sea una parte esencial, sino también de estimar “qué sumas puede haber si se requiriera de modificaciones en el Congreso”.

Ha recalcado que este encargo es “muy específico” del presidente Illa al Departamento de Vivienda, y que, cuando el Govern disponga de medidas concretas que considere posibles de aplicar, las hará públicas. Según Paneque, tanto los Comuns como ERC y la CUP han expresado voluntad de trabajar conjuntamente esta iniciativa: “Nos gustaría trabajarlo con las fuerzas de progreso del arco parlamentario, que son aquellas con las que coincidimos en estos ámbitos de intervención del mercado.”

Respecto al contenido, Paneque añade que están de acuerdo en explorar “las máximas posibilidades que nos da el marco normativo vigente con las modificaciones que se puedan hacer, con tal de limitar la especulación con la vivienda”. En su formulación final, aspiran a que “todas las viviendas que hay en Cataluña tengan como prioridad o preferencia estar destinadas al mercado residencial habitual”.

También ha señalado que esta revisión incluirá, si es necesario, el análisis de modificaciones estatales si algunas de las propuestas exceden las competencias autonómicas. En otras palabras, que el tribunal constitucional, la legislación estatal y las posibles reformas necesitarán ser consideradas para que la propuesta sea viable en su aplicación plena.

PP y Junts bloquean la regulación del alquiler de temporada

Por otro lado, la regulación del alquiler de temporada era una de las iniciativas legislativas que se esperaba que se votara en el Parlamento esta semana como parte de las medidas urgentes en vivienda. Sin embargo, el Partido Popular y Junts presentarán un recurso para que el proyecto reciba informe del Consell de Garanties Estatutàries, lo que podría retrasar su tramitación.

El Govern considera esta medida como una maniobra para dilatar el debate y mantener abiertas las vías del mercado especulativo durante más tiempo. Además, insiste en que la votación se producirá antes de fin de año, aunque admite que el informe del CGE podría agotar los plazos permitidos. Paneque ha asegurado que tanto los letrados del Parlament como los informes del Departament de Vivienda participan en la defensa de la norma, y que, pese al obstáculo, confían en su aprobación.

Junts ha criticado al bloque progresista de legislar sin contar con los municipios y al Parlamento, acusando la propuesta de “inseguridad jurídica”. El PP, por su parte, ha defendido que la ley de regulación del alquiler de temporada es “antiestatutaria y anticonstitucional”.

Los Comuns y la CUP han rechazado estos argumentos y han considerado el recurso como un simple retraso: Pilar Castillejo (CUP) lo calificó como “una maniobra para despistar y demorar la ley”, y David Cid (Comuns) lo vio como un intento de sostener el “negocio del alquiler” unos meses más.