Desocupaciones exprés: los ayuntamientos de Cataluña podrán impulsar desalojos en 30 días

Vía libre a que los ayuntamientos catalanes puedan impulsar desalojos exprés en pisos ocupados en 30 días. El Parlament ha aprobado este miércoles una proposición de ley impulsada por Junts que permite que los consistorios puedan iniciar procesos de desahucio de viviendas ocupadas en las que haya problemas de "alteración de la convivencia" y que sean propiedad de grandes propietarios, con más de 10 inmuebles en su cartera y cuando se desentiendan del conflicto.

En la votación posterior al debate, la nueva norma tramitada de urgencia por lectura única, ha contado con el apoyo de una extraña mayoría: PSC, ERC, Junts y Cs se han posicionado a favor, la CUP y los Comunes en contra y PP y Vox se han abstenido.

De hecho, los republicanos se han sumado a última hora al acuerdo después de pactar varios puntos con los demás grupos. Por ejemplo, en caso de que se produzca un desahucio como consecuencia de este proceso iniciado por los ayuntamientos -aunque también pueden hacerlo otras entidades públicas como la propia Generalitat- los consistorios podrán "adquirir temporalmente el uso de la vivienda durante un plazo máximo de siete años" y deberán destinarlo a políticas públicas de alquiler social.

Además, el texto inicialmente contemplaba que las comunidades de vecinos también pudieran iniciar por iniciativa propia el procedimientos de desahucio de viviendas ocupadas en las que hubiera problemas de "alteración de la convivencia", pero la norma finalmente no contemplará esta posibilidad.

En concreto, la junta de propietarios podrá "denunciar los hechos al ayuntamiento de su municipio" para que este inicie el proceso de desahucio siempre que previamente haya un expediente acreditativo de que se han producido actuaciones prohibidas que alteran la convivencia y el orden público o que pongan en peligro la seguridad o integridad del inmueble.

Esta iniciativa -una modificación de la ley de vivienda de 2008- fue registrada por los posconvergentes basándose en el texto que impulsó la ex consejera de Justicia Lourdes Ciuró cuando estaba en el Govern, y que no salió adelante tras la salida de Junts del Ejecutivo catalán.