La oncóloga Enriqueta Felip, número dos de Josep Tabernero, ha estado compaginando durante los últimos seis años dos puestos de alta responsabilidad en la industria de la salud sin que la Generalitat de Cataluña le haya dado luz verde para ejercerlos a la vez: directiva del Instituto Oncológico del Hospital Vall d’Hebron y su asiento en el consejo de administración de la farmacéutica Grifols. Un hecho que, al menos hasta el pasado mes de mayo, no había sido regulado oficialmente y que, según confirmó el Departament de Salut de la Generalitat a este diario, se encuentra bajo investigación.

Felip entró en el consejo de administración de Grifols en mayo de 2019, en sustitución de la bióloga Anna Veiga, y desde entonces ha ocupado este cargo mientras mantenía, en paralelo, su labor en el hospital público catalán, donde es jefa de la Unidad de Tumores Torácicos, de Cabeza y Cuello, así como directora clínica del Programa de Investigación del Cáncer Torácico en el Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO).

Durante este tiempo, sin embargo, no consta en las resoluciones oficiales de compatibilidad de la Generalitat ninguna autorización a su nombre, lo que evidencia que o bien no la solicitó en su momento, o bien le fue denegada. Este medio se ha puesto en contacto con el Departament de Salut para preguntar si ya le han otorgado la compatibilidad, pero no ha habido respuesta. Sin embargo, LA RAZÓN confirmó con fuentes del Govern que no fue hasta mayo de este año cuando la doctora gestionó, por primera vez, la petición formal de compatibilidad. La Generalitat, al conocer su pertenencia al consejo de Grifols, le requirió que iniciara el trámite, algo que Felip hizo «muy recientemente», según explican desde el Ejecutivo catalán. La investigación sigue abierta y de momento el Departamento de Salud no ha resuelto si se trata de un caso de incompatibilidad con su cargo en el Vall d’Hebron.

Por otra parte, la controversia no es menor: Grifols, compañía catalana de referencia en el sector farmacéutico, es proveedora habitual del hospital público donde trabaja Felip. Este vínculo, además de ser incompatible, plantea un evidente conflicto de intereses, en opinión de sindicatos como la CGT, que recuerda que el VHIO, aunque formalmente es una fundación privada, se encuentra dentro del recinto del hospital y recibe financiación pública. «Como CGT, nos oponemos, puede haber conflicto de intereses», denunció un portavoz a este medio.

Silencios y advertencias

Preguntado por este diario, el Hospital Vall d’Hebron se limitó a señalar que recuerda periódicamente a sus trabajadores la obligatoriedad de solicitar compatibilidad. Una compatibilidad que proporciona la administración: «Es potestad de Función Pública otorgarla», subrayan. El Colegio de Médicos evitó pronunciarse sobre este caso concreto, mientras que delegados de CC OO en el centro admitieron que «este tema es tabú» en el hospital.

La propia Generalitat tiene la obligación, en virtud de la Ley de Transparencia, de dar publicidad a las resoluciones de compatibilidad dictadas en relación con profesionales de la sanidad pública desde 2014. En esas publicaciones, sin embargo, no figura el nombre de Enriqueta Felip.

Más de 700.000 euros

Mientras tanto, Felip sigue atrincherada en Grifols y, al menos de momento, no hay señales de que vaya a dimitir. Su presencia en la compañía no ha sido testimonial. Según la documentación remitida por la farmacéutica a la CNMV, Felip ha percibido más de 700.000 euros en compensaciones desde su incorporación al consejo en 2019. Ese primer año cobró 50.000 euros, en 2020 la cifra ascendió a 100.000 y desde 2021 recibe 125.000 euros anuales, cantidad que se ha mantenido estable hasta hoy. A estas cifras hay que añadir los 52.000 euros devengados en lo que va de 2025.

Unas remuneraciones que se suman a su salario como médica y directiva del hospital público y a su trabajo en otros centros privados, como el IOB Institute of Oncology, un centro especializado en tratamientos oncológicos de alta complejidad vinculado al grupo Quirónsalud y con una facturación proyectada de 15 millones de euros en 2024.

El vínculo con Tabernero

Paralelamente, Josep Tabernero, oncólogo de renombre y director del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), lleva meses envuelto en investigaciones judiciales por su papel en la presunta apropiación indebida del millonario legado del empresario y filántropo Pere Mir, de quien fue médico personal y albacea testamentario. Según la jueza instructora del caso, Josep Tabernero se habría beneficiado de al menos 2,2 millones de euros que originalmente debían destinarse a la financiación de la Fundación Cellex, una entidad dedicada a financiar proyectos científicos y biomédicos en Cataluña.

Entre los activos bajo sospecha se encuentran una casa en Baqueira Beret, una localidad del Pirineo catalán famosa por las estaciones de esquí, así como algunas plazas de aparcamiento en la exclusiva urbanización, además de varias transferencias bancarias a su nombre y al de su esposa. La jueza considera que estas operaciones podrían encubrir una desviación fraudulenta de fondos del patrimonio de Mir.

El escándalo, que ha sido bautizado como el «Caso Cellex», afecta también a otros albaceas y gestores vinculados al entorno del empresario fallecido. En total, el perjuicio económico para las fundaciones implicadas podría superar los 6,2 millones de euros, según la investigación judicial en curso. La Generalitat de Cataluña, a través del Departamento de Justicia, ha asumido el control judicial de la Fundación Cellex y otras entidades vinculadas al legado de Mir para evitar una mayor dilapidación del patrimonio.

La cercanía de Felip a Tabernero y su pertenencia a estructuras directivas del VHIO la colocan en el centro de las miradas. Su doble papel, como dirigente de un instituto público-privado y consejera de una farmacéutica, abre un debate sobre la permeabilidad entre los intereses empresariales y la sanidad pública.