El Govern condonará las deudas a las familias vulnerables que cobraron pagos indebidos

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha explicado que desde el Govern se están explorando «vías legales» para «dejar sin efecto» las reclamaciones de los pagos indebidos a beneficiarios de las prestaciones sociales.

Así lo ha anunciado hoy durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales e Inclusión en el Parlament, donde ha detallado que esta posible amnistía a familias vulnerables que han cobrado pagos indebidos de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) se dará siempre y cuando se documente su situación de vulnerabilidad y se demuestre que no hubo mala fe.

En cuanto a la revisión de los expedientes de la prestación de la RGC, se calcula que el departamento de Derechos Sociales comunicó a más de 12.500 personas un posible pago indebido, 2.829 de estos casos ya se han confirmado como «reclamaciones indebidas en firme» y suponen un importe medio de 7.757 euros.

Hace una semana que se conoció que familias vulnerables catalanas están recibiendo cartas de la conselleria pidiendo que devuelvan prestaciones cobradas con importes erróneos, sobre todo de la Renta Garantizada de la Ciudadanía.

Hoy, Martínez Bravo ha afirmado que reclamar el retorno de los pagos contradice el objetivo de la prestación de «luchar contra la exclusión y la vulnerabilidad», ya que la reclamación de un pago indebido inicia un procedimiento judicial de embargo y suspensiones que impide a los afectados pedir otras ayudas.

La consellera ha explicado que los pagos indebidos de prestaciones son situaciones en las que la administración paga «a ciertos beneficiarios unas cantidades superiores de las que les corresponden» y que entonces el marco normativo vigente les obliga a reclamar el retorno de estos pagos.

La Administración detectó pagos indebidos de la RGC en julio de 2023, por lo que la consellera se ha excusado en que se trata de una problemática «sobrevenida» para el nuevo Govern. También ha querido transmitir a las familias vulnerables afectadas que, desde el Govern, son «conscientes de su angustia y sufrimiento» y de la dificultad que tienen para asumir las cantidades reclamadas.

Martínez Bravo asegura que la causa de los pagos indebidos no ha sido un error administrativo, sino un «problema» de diseño de la prestación y de la Ley de la Renta Garantizada (2017) que implica una gestión muy manual ante la falta de una infraestructura digital adecuada para gestionarla.

La consellera ha concretado que los pagos indebidos corresponden a un «solapamiento» entre el ingreso mínimo vital (IMV) y la RGC, y que también ha contribuido la dificultad para constatar que un beneficiario consiga trabajo u otros cambios en la unidad de convivencia receptora de la prestación.

No obstante, Martínez Bravo afirma que sus propuestas de condonar los pagos indebidos y desarrollar un plan de choque para minimizarlos en un futuro «mitigará» el problema, pero no lo resolverá de raíz.

Es por ello que pretende reformar la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía para que trabaje en base a datos y automatismos, así como impulsar un nuevo modelo de prestaciones en Cataluña y España que «mejore políticos sociales» como el IMV y las pensiones no contributivas (PNC).