El Govern pacta la creación de una unidad antidesahucios con los Comunes para salvar los presupuestos

El Govern de Cataluña, liderado por Salvador Illa, aprobará durante el Consell Executiu que se celebra mañana por la mañana la creación de una unidad antidesahucios, fruto de un pacto firmado hoy entre el ejecutivo socialista y los Comunes. De esta forma, el Govern cederá en una de las exigencias de la formación de Jéssica Albiach para negociar los presupuestos de la Generalitat de 2026.

El pacto se ha anunciado hoy por la tarde tras una reunión en la que han estado presentes la presidenta de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, la portavoz del grupo, Susanna Segovia, la consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, la secretaria de Vivienda, Lídia Guillem y el Director General de Vivienda, Jordi Mas. En la reunión, que debía servir para valorar el estado de los acuerdos entre la formación morada y el Govern de Cataluña, también se han tratado otros temas como el registro de grandes tenedores, las sanciones a la ley de vivienda o la regulación de los alquileres de temporada.

El acuerdo

El acuerdo de la creación de la unidad antidesahucios incluye una oficina dedicada a ofrecer asesoramiento jurídico, mediación y acompañamiento. Además, también se ha pactado activar el registro de grandes tenedores de vivienda, con el objetivo de "identificar a las personas que especulan con la vivienda". En una rueda de prensa posterior a la reunión, Jéssica Albiach ha celebrado que ambas medidas "se encaminan a poner orden en la ley de la selva que se ha convertido el acceso a la vivienda en nuestro país y frenar el drama de los desahucios en Cataluña, donde tres de cada cuatro son personas o familias que no pueden pagar el alquiler".

Sin embargo, Albiach ha asegurado que todavía no se dan todas las condiciones para las negociaciones con el Govern, y ha recordado que todavía se deben aprobar otros asuntos pactados en educación y sanidad. "El éxito de la legislatura pasa por garantizar la vivienda como un derecho y que los trenes de Rodalies estén en condiciones de dignidad. Vivienda y movilidad", ha zanjado.

La oficina antidesahucios que se aprobará mañana por la mañana tendrá el nombre de Servei de Protecció i Estabilitat Residencial, y contará con un presupuesto inicial de casi 40 millones de euros para los próximos cinco años. Según ha detallado la líder de los Comunes, el objetivo de la unidad es tratar de frenar los desahucios, por lo que se ofrecerán servicios de asesoramiento jurídico con mediación con bancos y propietarios y la búsqueda de alternativas habitacionales. Estará dotada de medio centenar de trabajadores, que se irán aumentando con el paso del tiempo.

Respecto al otro punto acordado entre los Comunes y el Govern, el registro de grandes tenedores, Albiach ha explicado que es una "herramienta imprescindible para poder identificar a las personas que especulan con la vivienda". El pacto fija la obligación de que todos los propietarios de más de cinco viviendas consten en un registro, y el incumplimiento de esta norma supondrá una multa de hasta 90.000 euros.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado hoy la compra de 170 viviendas de InmoCaixa por cerca de 15 millones de euros. El precio medio de las viviendas será de 88.200 euros, y será el tercer paquete de viviendas que el Govern adquiera a InmoCaixa. Las viviendas se encuentran en Lleida, Banyoles y Mollet del Vallès.

En una entrevista en TVE, el líder catalán ha celebrado que el ejecutivo habrá comprado "casi 900 viviendas" desde que fue investido presidente de la Generalitat, por un valor de cerca de 60 millones de euros. "En vivienda no hay nadie, nadie, que haga más que el Govern de Cataluña", ha defendido Illa, que ha asegurado también que están negociando una compra de otras 1.107 viviendas.

La CUP, abierta a negociar

Por su lado, la diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega, ha recalamado al Govern "prohibir la compra especulativa" de vivienda, así como impulsar medidas para rebajar el precio. "Si la vivienda es un derecho no es para especular. Y si es un derecho, debe ser ley", ha defendido en declaraciones desde la sede del partido.

Además, ha expresado la predisposición de su formación para trabajar con el Govern respecto a esta materia, explicando que han conformado "un equipo multidisciplinar con juristas expertos en vivienda" y dijo que están a disposición del movimiento para aportar conocimiento y avanzar en este asunto. "Seremos los más diligentes para garantizar el derecho a la vivienda y la peor pesadilla de los que crean que es un negocio", ha añadido.