Ahmed Tommouhi, vecino de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès), pasó quince años encerrado injustamente en una cárcel por una violación que no cometió. Pese a que el Tribunal Supremo reconoció su inocencia y lo absolvió hace menos de un año, ahora la Audiencia Nacional ha decidido que no le corresponde ninguna indemnización.

La resolución del alto tribunal administrativo ha causado una gran conmoción. A juicio de los magistrados, el caso no puede considerarse un “error judicial evidente”, a pesar de que la única prueba científica disponible en el momento del juicio –un análisis genético de restos biológicos– lo exoneraba claramente. La sentencia condenatoria de 1992 se basó exclusivamente en una identificación ocular de la víctima durante una rueda de reconocimiento. Nada más. La magistrada que dictó esa sentencia fue Margarita Robles, actual ministra de Defensa.

En 2023, tras una larga batalla legal, el Supremo anuló la condena y dejó constancia del grave error cometido. Sin embargo, esa victoria judicial no se ha traducido en ningún tipo de reparación económica. Tommouhi no solo ha perdido años de vida en prisión injustamente, sino que ahora se ve obligado a asumir las costas del procedimiento por haber reclamado lo que consideraba justo.

La sentencia que desestima su petición, firmada por el magistrado Francisco Díaz Fraile con apoyo unánime de otras cuatro juezas, ha sido criticada por su falta de rigor formal: no está numerada correctamente y presenta errores propios de un borrador mal editado. La Abogacía del Estado también apoyó el rechazo de la demanda.

Ahmed Tommouhi fue condenado junto con otro hombre, Abderrazak Mounib, también de origen marroquí, quien falleció en prisión sin haber tenido la oportunidad de limpiar su nombre. Ante la negativa de la Audiencia Nacional, la defensa de Tommouhi ya ha anunciado que acudirá a instancias superiores.