El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprovechado este miércoles la sesión de control al Govern para fijar posiciones en dos de los grandes frentes abiertos del Govern: la financiación y la vivienda. Entre las críticas de Junts y del PP, Illa ha defendido el acuerdo de investidura con ERC como base del futuro modelo fiscal, ha anunciado "próximos avances tangibles" en las inversiones del Estado en Cataluña y ha reafirmado su apuesta por intervenir el mercado inmobiliario para frenar los precios.

La recién electa líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha empezado cuestionando a Illa los resultados del "grupo de expertos creado hace más de un año para estudiar la financiación singular". Para Sales, "hay cero resultados": "En menos de un año, ni una línea estratégica, ni un informe, ni una sola propuesta pública", ha esgrimido. La única concreción, ha dicho, es una en que Illa se contradijo: "En julio anunció que Cataluña recaudaría el IRPF en 2026, después se contradijo y dijo que sería en 2028". Además, la líder de Junts ha preguntado a Illa sobre si tiene un modelo propio "en interés de los catalanes" o si, por el contrario, va a asumir la propuesta "al servicio del Gobierno de España" y va a hacer de "altavoz de Pedro Sánchez".

En otro orden de cosas, ha denunciado que tampoco se hayan reunido los grupos de trabajo sobre inversiones del Estado. Para Sales, el hecho de que no se publiquen las balanzas fiscales responde a que "incomoda a los barones del PSOE y a la ministra Montero". Una ministra a quien ha vuelto a citar cuando ha cargado contra la propuesta que esgrimió tras la reunión del lunes: "De los 22.000 millones de euros que se van a Madrid y no vuelven, con la propuesta de Montero vuelven 0 millones".

Illa, además de recordar que trabaja "con el horizonte de cumplir el acuerdo de investidura sobre financiación singular para Cataluña con ERC." ha querido "exhibir" resultados en su respuesta. Ha recordado que el modelo vigente se negoció en 2009 “gobernando el PSC” y caducó en 2014, con Convergencia en el Govern, sin que desde entonces se produjeran avances. Ha asegurado, que, en cambio, su Ejecutivo sí puede exhibir “dos resultados tangibles”: por un lado, la existencia de un documento oficial emitido en la bilateral de julio entre el Estado y la Generalitat que recoge el pacto de investidura con ERC sobre la financiación singular; por otro, que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se anunció un nuevo modelo para enero o febrero que respetará ese acuerdo. “Ustedes pueden exhibir muchas quejas y ningún resultado”, ha replicado a Junts. Ha añadido, además, que “próximamente habrá avances tangibles” para garantizar la ejecución íntegra de las inversiones estatales en Cataluña.

"Intervenir el mercado de la vivienda"

El debate de la financiación ha dado paso al choque sobre el principal problema de los catalanes: la vivienda. Tras preguntarle el líder del PP, Alejandro Fernández, si estaba satisfecho con los datos, ha denunciado que la situación “no puede ser peor”. Ha enumerado que el alquiler ha subido casi un 4% y que los contratos han caído un 15% en el último año, cifras que atribuye a las “políticas fracasadas” del Gobierno español, de Ada Colau y ahora del Govern de Illa. Ha criticado especialmente la reserva del 30% para vivienda protegida, que, según dice, “ha hundido un 70% la construcción”, y la limitación de los alquileres combinada con la inseguridad jurídica, que a su juicio disuade a los propietarios de poner pisos en el mercado.

Para Fernández, la culpa es "de la izquierda", quien siempre ofrece propuestas "aparentemente llenas de buenas intenciones en la teoría, pero absolutamente desastrosas en la realidad". Sus recetas para paliar la situación son claras: "En primer lugar, dar seguridad, libertad y protección a los propietarios para que pongan sus inmuebles en el mercado de alquiler; en segundo lugar, dar facilidades en lugar de poner trabas a aquellos que desean construir; y, por último, ayudar de verdad a los jóvenes que quieren alquilar y comprar su primera vivienda".

Por su parte, el presidente del Govern ha rechazado los argumentos del PP recordando que en otros países occidentales donde no gobierna la izquierda también hay un problema con la vivienda. Además, ha defendido que la ley estatal de vivienda “funciona bien” y que el precio del alquiler “se ha contenido y está bajando”, citando una reducción del 4,9% en Barcelona. Ha asegurado que existen “informes financiados por según quién” que tratan de desmentir estos datos, pero que la política de vivienda del Govern seguirá la misma línea: aumentar la oferta pública, intervenir cuando sea necesario y perseguir los usos especulativos.

El presidente ha recordado que su Ejecutivo tiene previsto impulsar 50.000 viviendas protegidas, de las cuales 22.000 ya están en producción, y que se actuará sobre los pisos turísticos y los alquileres de temporada. “La vivienda no puede ser un negocio; debe ser un derecho”, ha afirmado, advirtiendo de que habrá "intervenciones para que quienes quieran hacer negocio tengan que irse a otro lado”.

Resto de grupos

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha cargado contra el Govern por el estado del barrio tarraconense de Campclar y ha acusado a Illa de permitir “narcopisos, inseguridad y abandono institucional”. Ha denunciado que la Agència Catalana de l’Habitatge tenga “centenares de pisos okupados” y ha afirmado que la convivencia allí es “imposible”. Illa le ha replicado que Vox solo va a los barrios “a hacerse fotos”, y ha reivindicado las inversiones y el Plan de Barrios.

Los comunes han llevado el foco a la ampliación del aeropuerto del Prat y han preguntado cómo piensa el Govern reducir las emisiones si la reforma prospera. Illa ha respondido que la propuesta de ampliación prevé no incrementarlas, sinó reducirlas, y ha admitido las diferencias en ese aspecto con el grupo de Albiach, que ya advirtió que hará todo los posible por tumbar el proyecto en Europa.

Sílvia Orriols, por su parte, ha acusado al Govern de no reconocer "ninguna culpa" ante la "situación de inestabilidad" que, a ojos de la de Aliança, vive Cataluña: "Infraestructuras encalladas, presupuestos en punto muerto, servicios públicos tensionados y aumento significativo de los delitos graves". Illa, por su lado, ha acusado a Orriols de querer "desmantelar" el sistema de pensiones, y la ha calificado de "estafa".