Imposición

El nuevo "radar" del independentismo para denunciar a quienes no rotulan en catalán

La iniciativa de Plataforma per la Llengua inunda las redes de quejas por carteles en castellano de cualquier sitio y empresa en Cataluña

Las localizaciones del "radar lingüístico"
Las localizaciones del "radar lingüístico"Twitter

“Haz una fotografía a ese rótulo público que no esté señalizado #EnCatalà. Cuélgala en las redes sociales con la etiqueta #RadarsLingüístics. ¡Indica su localización exacta para que se pueda detectar y corregir!”, reza la nueva campaña de la ultraindependentista Plataforma per la Llengua.

“No hace falta hacer más: nosotros haremos el resto! Ayúdanos a hacer frente al retroceso de los derechos lingüísticos: ¡detectamos sus vulneraciones y frenamos la involución del catalán en el paisaje lingüístico del país!”, añaden.

Es la iniciativa promovida por la entidad separatista en Twitter y en las redes sociales, y que ha tenido ya docenas de denuncias en las que se ven imágenes de carteles rotulados en castellano, de cualquier tipo de empresa y repartidos por toda la geografía catalana.

Pese a la prohibición del Tribunal Constitucional en 2017, el año pasado, la Agencia Catalana del Consumo de la Generalitat de Cataluña impuso 68 sanciones a locales, bares y restaurantes por no rotular en catalán, mientras que en 2021 fueron 16. Es decir, se cuadruplicaron las sanciones. En 2022 se recaudaron por este motivo 112.606 euros, por 17.350 el ejercicio anterior.

De esta manera, la Agencia Catalana de Consum recaudó 3.344.187 euros en 2021 en sanciones contra empresas que incumplieron con la Ley del Código de consumo, aprobada por el Parlament en 2010 y que obliga a usar el catalán en los servicios y productos que se venden en la comunidad autónoma. No obstante, solo 17.350 euros de este montante se debió a la «vulneración de los derechos lingüísticos».

En su ‘Balance de actuaciones’, publicado en marzo del año pasado, el ente dependiente del departamento de Empresa y Trabajo informa que un total de 470 expedientes finalizaron en sanción (65 más que en 2020), aunque el dinero recaudado respecto al ejercicio anterior fue ligeramente inferior (3.770.847 euros).