La alianza entre PSC y Junts per Catalunya en Tarragona da un nuevo paso en la imposición del catalán en la ciudad, esta vez dirigida al ámbito comercial. El alcalde Rubén Viñuales (PSC) y el líder neoconvergente Jordi Sendra han formalizado un acuerdo que incorpora una cláusula lingüística en las licencias de actividad, lo que implica que ningún negocio podrá abrir sin garantizar la rotulación en catalán. La medida, justificada como pedagógica, añade burocracia y carga económica a los empresarios y autónomos, generando dudas sobre su necesidad y eficacia.

El pacto también contempla duplicar el presupuesto de la Oficina de Promoción del Catalán, hasta los 100.000 euros, y la creación de la Mesa Local del Catalán, un nuevo organismo que definirá la estrategia lingüística de la ciudad y que servirá para involucrar a entidades afines al Consorcio para la Normalización Lingüística. La consecuencia es un gasto público adicional y un refuerzo del activismo identitario en lugar de atender problemas prácticos como la limpieza o la seguridad.

Desde el empresariado se alerta de que lo que hoy se presenta como una simple cláusula podría convertirse en inspecciones futuras sobre rótulos y publicidad. Críticos señalan que esta medida transforma el catalán en una herramienta de control más que en un instrumento de convivencia y que evidencia la continuidad de la influencia nacionalista incluso dentro del PSC. La supuesta moderación del alcalde Viñuales se ve diluida por la cesión a Junts, consolidando la llamada “sociovergencia” y mostrando que la prioridad de ambos partidos sigue siendo la agenda identitaria sobre la gestión económica y práctica de la ciudad.