El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha firmado esta mañana un convenio con la Fiscalía para la creación de una unidad de la Guardia Urbana adscrita al ministerio público. Con este paso, el líder del consistorio barcelonés espera “multiplicar la capacidad de respuesta contra los delincuentes”. Esta nueva unidad policial estará físicamente en las dependencias de la Fiscalía, en la Ciutat de la Justíica de Barcelona. Se activará a “inicios del año que viene”, y contará con cinco agentes y un sargento que harán “tareas de policía judicial”.

Sin embargo, y a pesar de que Collboni ha calificado el día como "histórico", el sindicato de la Guardia Urbana de Barcelona (CSIF Guardia Urbana) ha asegurado que esta medida "es una vendida de humo" y ha mostrado su malestar con el Ayuntamiento.

En declaraciones a LA RAZÓN, fuentes del sindicato aseguran que a pesar de que "la oficina creada es necesaria para seguir evolucionando en el ámbito competencial", "el Ayuntamiento hace las cosas mal". En este sentido, protestan que "no estamos de acuerdo con las formas", y confirman que interpondrán una denuncia contra la administración por "vulneraciones de derechos fundamentales de los trabajadores".

Desde el CSIF denuncian que al ser una oficina con personal adscrito, se debe "reconocer y retribuir como una especialidad, cosa que el Ayuntamiento de Barcelona no está haciendo".

CSIF considera que la creación de esta nueva Oficina implica la creación de una especialidad policial, lo que obliga legalmente a negociar sus condiciones de trabajo (complementos, horarios, funciones, requisitos de acceso…) con la Mesa General de Negociación de Funcionarios. Y eso, denuncia el sindicato, no se ha cumplido. De hecho, según fuentes del sindicato, la administración dijo expresamente que “no van a negociar nada”.

Entre otras quejas, el sindicato denuncia que se ha excluido la negociación, se ha impuesto un nuevo servicio con funciones específicas, no se han definido condiciones de trabajo, y que todo ello vulnera derechos laborales y de representación sindical.

A través de un recurso de alzada presentado al Ayuntamiento, solicitan, en primer lugar, que se admita el recurso de alzada. Además, que se declare nulo de pleno derecho el Decreto del 10 de septiembre de 2025, por falta de negociación y por incumplimiento del procedimiento, y que se convoque la Mesa General de Negociación. También piden que se negocien todas las condiciones laborales del personal de esta nueva Oficina, por tratarse de una especialidad (horarios, funciones, complementos, niveles, requisitos, etc.). Por último, exigen que se abra la RLT para reflejar el nuevo puesto.