El soberanismo ya duda de que Aragonès acabe la legislatura

Después de protagonizar un sonoro batacazo en el ciclo electoral de este año –en las municipales ERC perdió 300.000 votos y en las generales la mitad de escaños– el hecho de seguir manteniendo la llave de la gobernabilidad del Estado supuso un balón de oxígeno para Pere Aragonès. El presidente de la Generalitat se fue de vacaciones pregonando que quería agotar la legislatura y volvió en septiembre convencido de poder hacerlo. Ahora, tras la Diada y el 1-O, el soberanismo ya duda de que lo logre y evidencia en cada votación del Parlament su soledad política.

«Una semana después del debate de política general, constatamos atónitos que la debilidad y la falta de liderazgo del Govern sigue persistiendo. Ninguna rectificación, ningún cambio de rumbo. Cero autocrítica y cero aceptación de las críticas», avisó el líder parlamentario de Junts, Albert Batet, esta semana en la sesión de control al presidente catalán. Palabras duras un año después de haber abandonado el Ejecutivo catalán y tras haber exigido a Aragonès un cambio de rumbo o que avance los comicios.

La novedad más destacada de este inicio de otoño es que los Comunes también se han distanciado abiertamente de ERC, un factor importante teniendo en cuenta que es el único partido que ha posibilitado la aprobación de los Presupuestos en los dos años anteriores de la legislatura. En 2021, el aún Ejecutivo de ERC y Junts los pactó con la formación morada, una alianza que repitió en 2022 Aragonès cambiando, eso sí, a los posconvergentes por el PSC. «Cada vez somos más los catalanes que tenemos serias dudas de la lógica y del sentido de acabar esta legislatura», aseguró tajante Jéssica Albiach, su portavoz en el Parlament.

«Vemos un gobierno que arrastra los pies, un gobierno de trámite», apuntó la dirigente, quien dejó claro que el acuerdo presupuestario de 2023 no podrá cumplirse antes de que acabe el año. De hecho, esta semana el Ejecutivo de Pere Aragonès se ha reunido con la cúpula de los Comunes para revisar el cumplimiento de las cuentas actuales, y el resultado no gustó nada a la facción morada.

En concreto, los Comunes afean al Govern que estén paradas las medidas que, a su juicio, requieren impulso político, como la Ley de barrios verdes y el registro de grandes propietarios. Y también los retrasos en la reducción del tiempo de espera para el médico de cabecera a cinco días, y que ERC «votara en contra» de ello en una resolución en el Debate de Política General.

Un choque importante y severo en un momento clave del curso político, con los Presupuestos de 2024 por negociar con los propios Comunes, Junts, el PSC y la CUP, los cuatro partidos que Esquerra mete en el saco para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo y salvar la legislatura.

Sin embargo, el calendario aprieta si el Ejecutivo pretende llegar a tiempo y cumplir con los plazos, algo que ahora parece una quimera. El Govern de Aragonès debería tener perfiladas ya las cuentas para registrarlas en el Parlament y empezar a negociar con los grupos si el objetivo es tener luz verde antes de que termine el año, en tres meses.

Por su parte, en el Ejecutivo de Aragonès siguen convencidos de que acabarán en solitario la legislatura y agotarán los plazos. Es decir, que el Govern llegará a febrero de 2025, como quiere el presidente catalán, con 33 de 135 escaños.

Todo justo cuando este fin de semana se cumple un año de la salida de Junts de la Generalitat tras una consulta a las bases psoconvergentes y después de que Carles Puigdemont se posicionara a favor de romper con ERC.

Sobre estos 12 meses, los republicanos evitan la autocrítica, ponen en valor las cuentas aprobadas con los Comunes y el PSC y los avances en materia social.