El grupo parlamentario de VOX en el Parlament de Catalunya ha registrado una propuesta de resolución en la que solicita al Govern la prohibición del uso del velo islámico, incluyendo burka, niqab y otras prendas religiosas, en todos los espacios públicos de Cataluña, tanto abiertos como cerrados. La medida, que deberá ser debatida en la Comisión de Asuntos Institucionales, contempla la exclusión de estas vestimentas en lugares como escuelas, hospitales, universidades, instalaciones deportivas y parques infantiles. Ha sido, en realidad, una propuesta presentada en todos los parlamentos autonómicos de España.

Según el texto, al que ha tenido acceso este medio, VOX argumenta que la presencia de estas prendas en el espacio público es “incompatible con los derechos de las mujeres”, así como con la “identidad, cultura, usos, modos y costumbres” de la sociedad catalana. Se señala que la creciente islamización de algunos barrios representa una “amenaza” para "el respeto a nuestro sistema jurídico y social".

Críticas al multiculturalismo y advertencias de seguridad

En la exposición de motivos, VOX vincula directamente la inmigración y el multiculturalismo con un aumento de la criminalidad, la exclusión social y la “proliferación de sociedades paralelas” que, a su juicio, no respetan el orden jurídico español. El texto sostiene que los velos islámicos no solo representan una forma de opresión hacia la mujer, sino que también suponen un riesgo para la seguridad ciudadana, citando el nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista vigente en España.

Además, se hace eco de estadísticas que, según el partido, demostrarían una relación directa entre inmigración extranjera y delitos sexuales. La propuesta también propone sancionar a quienes obliguen a mujeres o niñas a vestir estas prendas, incluyendo la suspensión de trámites de nacionalidad para los responsables.

VOX recuerda que varios países europeos, como Francia, Bélgica, Austria, Suiza o Dinamarca, ya han adoptado legislaciones que restringen el uso del burka y el niqab, y que incluso en municipios catalanes como Lleida, Reus o Tarragona se promovieron en el pasado iniciativas para limitar estas prendas en edificios públicos. Por ello, instan al Parlament y al Gobierno español a seguir el mismo camino.