Transparencia abre expediente sancionador a las empresas de los hermanos Puig

La Conselleria de Transparencia ha resuelto “iniciar un procedimiento sancionador para determinar las posibles responsabilidades en qué pudiera haber incurrido o no la mercantil Comunicacions dels Ports, S.A, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, como consecuencia de los hechos descritos, que se concretan en el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa”.

La denuncia fue formulada el 14 de febrero de 2019 por la diputada del PP, Eva Ortiz, y en ella se señalaba que la cuantía de las subvenciones recibidas por la empresa del hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018 “excedía en cada ejercicio la cuantía límite para estar sujetos al cumplimiento de las obligaciones de transparencia” que según la diputada, no cumplían.

La denuncia hubo de ser repetida en octubre de ese mismo años porque la Conselleria “la obvió” . Ese mismo mes de octubre, el Consejo de Transparencia acuerda estimar la queja y requiere documentación a Francisco Javier Puig, hermano del presidente, que en una de las explicaciones que aporta dice que “prácticamente la totalidad de los obligados no cumple la Ley de Transparencia” y dice que la denuncia del PP se basa en información publicada en la página web de la Conselleria que no es correcta.

Tras las explicaciones iniciales del hermano del presidente, la Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia acuerda declarar “que no aprecia motivos para instar a la apertura de un procedimiento sancionador contra Comunicacions dels Ports”, pero no constan en el escrito las causas que determinan la improcedencia de la emisión del acuerdo de iniciación del expediente por la posible concurrencia de alguna infracción.

Sin embargo, resuelve la Conselleria que “a la vista del posible incumplimiento que hace constar el Consejo de Transparencia, se considera conveniente la incoación del expediente a efectos de que, durante la fase de instrucción, se pueda recabar toda la documentación que sea necesaria y estudiar la concurrencia o no de una infracción y , de concurrir, la calificación concreta de esta y las responsabilidades que se deriven.

Así, la Conselleria designa un instructor y da quince días a Francisco Puig para que “presente alegaciones y aporte datos o documentos si procede” o bien para que reconozca “voluntariamente su responsabilidad, y en este caso se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda”

El PP pide explicaciones

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha preguntado hoy al President de la Generalitat, Ximo Puig, “qué más debe salir a la luz” sobre las empresas de sus hermanos y las ayudas públicas recibidas “para que dé explicaciones”.

“Cada día que pasa salta una nueva información y ya no estamos en lo que desde el PSPV decían que eran tonterías sin importancia, hoy conocemos que estamos ante un entramado de hasta 12 empresas que ha cobrado hasta 1,2 millones de euros en subvenciones públicas. Es inédito y vergonzoso que nadie dé una explicación al respecto”, ha manifestado la portavoz adjunta.

“Hablamos de siete consellerias afectadas, de facturas cruzadas y duplicadas, de varios juzgados investigando, de un director general a un paso del banquillo, de socios fundadores de una de las empresas que con el tiempo acabaron siendo cargos del Consell. Desde luego no pinta bien y desde el PPCV iremos hasta el final para saber qué ha pasado”, ha señalado.

Eva Ortiz ha indicado que los socialistas “están muy nerviosos pero dan pocas explicaciones, y es lo primero que deberían hacer, dar explicaciones”. “Durante mucho tiempo han dado lecciones de moral y ahora silban y miran hacia otro lado.

Es tan sencillo como que apliquen su propio manual. Según lo que ellos exigían Trenzano, director general de Política Lingüística, ya debería estar fuera de la Conselleria”.

La portavoz adjunta del PP ha insistido en que seguirá reclamando “todos los documentos y expedientes que puedan arrojar luz a este caso, por mucho que nos pongan trabas”. Así, ha indicado que la transparencia “es la gran mentira de este Consell” y ha lamentado que haya tenido que recurrir a la vía judicial en diferentes ocasiones “para poder realizar la tarea de fiscalización al Gobierno”.