Política
El Gobierno valenciano gastará más de 300.000 euros en reubicar a sus funcionarios para evitar rebrotes
Se crearán "1.170 puntos de red" para reducir el número de empleados en una misma sala
El pleno del Consell ha aprobado esta mañana, a propuesta de la Conselleria de Hacienda, destinar 312.000 euros a la creación de “una bolsa de 1.170 puntos de red” para adecuar algunas de las sedes de la Generalitat a las medidas de seguridad requeridas por la covid-19.
Se trata de habilitar nuevas salas -como salas de reuniones o bibliotecas- dentro de las Consellerias con puntos con electricidad, fibra óptica y demás conexiones necesarias, a los que los funcionarios se puedan conectar. De esta manera, se pretende reducir el número de empleados en una misma estancia y aumentar la cantidad de dispositivos para que los empleados no los tengan que compartir.
Otra de las nuevas necesidades surgida con la pandemia es la de que cada empleado disponga de su propio teléfono. Según fuentes del Consell, en la Conselleria de Justicia, por ejemplo, es muy común que varios funcionarios compartan un mismo dispositivo, lo cual no puede suceder a partir de ahora. Hay peticiones en los juzgados para la instalación de 1.300 nuevos teléfonos.
El pleno ha aprobado la creación de una bolsa, lo que significa que no se van a implantar los 1.170 puntos de red ahora, sino que se irán instalando conforme surjan las necesidades.
Cabe señalar que la medida se ha adoptado con una buena parte de los funcionarios en periodo vacacional, por lo que no están el 100 por ciento en sus puestos de trabajo. Es probable, por ello, que en septiembre con la vuelta de todos los empleados, se tengan que ampliar este tipo de conexiones.
Nueva normalidad para los funcionarios
El Gobierno valenciano aprobó, mediante acuerdo del Consell, que el 22 de junio, primer día laborable de la nueva normalidad, el 100 por ciento de los funcionarios de la Administración valenciana regresaran a sus puestos de trabajo de manera presencial.
La medida desató la polémica con algunos departamentos -sobre todo Economía y Agricultura- que consideraban que la medida era imprudente y precipitada. Tras varios días de enfrentamientos en los despachos y también en los medios de comunicación, finalmente se acordó que cada Conselleria regularizara la vuelta de sus funcionarios de la manera que considerara.
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