«La implantación de la administración electrónica se retrasa porque dificultará la corrupción»

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, recuerda que se pueden simplificar los procedimientos de compra por una emergencia, pero no eliminar su fiscalización

Joan Llinares (Alzira, 1953) dirige desde el año 2017 la Agencia Valenciana Antifraude, un organismo pionero en España. Su trabajo como fiscalizador público le viene de lejos. Lo hizo ya en el IVAM de Valencia y en el famoso «caso Palau» catalán. Reconoce que en muchas ocasiones se pregunta si este trabajo tan poco agradecido «vale la pena». La respuesta es sí, «vale la pena todo aquello que sirve para estar tranquilo y reconocerte a ti mismo». Lacovid-19 no ha afectado al trabajo de inspección, más bien al contrario. En la Agencia han sacado la lupa para vigilar aún con mayor ahínco el uso que en esta época de especial crisis se está haciendo de los recursos públicos.

-¿Cómo ha afectado la pandemia a la forma de trabajar de la Agencia?

-La pandemia ha alterado todos los plazos a efectos de notificaciones, de recogida de documentación, de cumplir con los procedimientos, porque el estado de alarma lo interrumpió todo. Desde el punto de vista de nuestro trabajo no significó ningún problema porque el diseño que hicimos de la agencia hace tres años se construye sobre la base de la administración electrónica y de que cada funcionario de la agencia pudiera llevar su puesto de trabajo en la mochila. Cuando el 14 de marzo se decreta el confinamiento, nosotros estamos perfectamente preparados para, en lugar de estar en la oficina, las casi 40 personas que configuran la plantilla, estuvieran cada uno en su casa y todos interconectados. El funcionamiento no se interrumpió ni un solo día. Estuvimos trabajando incluso por encima del rendimiento habitual. Durante las primeras semanas hubo una interrupción en la entrada de denuncias, que es la vía por la que abrimos los procedimientos, y esto facilitó que nos pusiéramos al día con los expedientes que ya estaban abiertos. A los dos meses de estallar la pandemia prácticamente las denuncias ya se habían estabilizado y continuaban entrando con la misma asiduidad que lo hacían antes.

-¿Cuál es esa asiduidad?

-En 2019 entraron 168 denuncias. En lo que llevamos de año (hasta julio) han entrado 88. Prácticamente estamos en el mismo ritmo. El procedimiento actúa en dos líneas: el que abre una investigación o el que abre un proceso de recomendaciones y de colaboración con la administración, en la que lo detectado no necesariamente es una ilegalidad, pero sí hay posibilidades de mejora.

-¿En qué porcentaje se produce uno y otro procedimiento?

-De cada diez denuncias al menos la mitad no prosperan, ya que nos llegan cosas que o bien ya están judicializadas, o bien ya tienen sentencia y el interesado, porque se considera perjudicado por los resultados de esa sentencia, pretende o espera que la agencia pueda reabrir el caso, cosa que no podemos hacer. Luego nos llegan asuntos que derivamos hacia otras administraciones, como Hacienda, al tratarse de fraude Fiscal, o Laboral. Del porcentaje que sí abrimos expediente, tres denuncias inician procedimiento de investigación y una o dos van encaminadas a las recomendaciones.

-¿Quién presenta estas denuncias?

-Las denuncias nos llegan en un 74 por ciento de media a través del correo habilitado en la web de la agencia. El 40 por ciento son anónimas, las cuales tienen que ser analizadas con un plus de comprobación, sobre todo si puede perjudicar a terceras personas. Las denuncias anónimas hechas con ganas de fastidiar son muy pocas y se detectan enseguida. Además, este tipo de denuncia no te permite saber si el denunciante es un particular, una empresa o un funcionario. El 17 por ciento de las denuncias proceden de empleados públicos, el siete por ciento procede de cargos políticos, un 25 por ciento son particulares y un diez por ciento son empresas.

-Somos la única comunidad autónoma que tenemos estatuto de protección de la persona denunciante, ¿a cuántas personas tienen protegidas?

- A 22.

-Y de ellas, ¿cuántas son empresas, particulares o funcionarios?

-La mayoría son empleados públicos. Por regla general, personas que están colaborando en denuncias tras las cuales se han iniciado procedimientos penales. En ocasiones es el propio funcionario quien pide la protección, y otras veces la pide la Fiscalía.

-¿Qué tipo de protección se presta?

La protección empieza por un asesoramiento jurídico en todo su ámbito, comunicar a la administración en la que trabaja que esta persona tiene la categoría de protegida por la agencia y que sepan que no puedan hacer nada que le pueda perjudicar o suponer represalias o empeorar su situación profesional sin ninguna razón que no esté justificada.

-¿Cree que si no existiera este estatuto se presentarían menos denuncias?

-Sí, creo que sí. La ley valenciana que crea la agencia y el estatuto de persona protegida se adelanta tres años a la normativa europea que en diciembre de 2019 promulgó la directiva de personas que denuncian incumplimientos o irregularidades en el derecho europeo. Esta directiva obliga a los estados a regular situaciones de protección en el ámbito del sector de las finanzas, de la industria farmacéutica, de la energía nuclear... Aplicando la directiva, una persona como Falcciani no debería haber pasado por dos procesos judiciales, porque destapó un gran fraude fiscal de muchas fortunas pero también fortunas sucias. Nuestro estatuto de persona protegida recoge lo que la directiva europea marca pero el estado español deberá legislar porque tiene que abarcar todos los demás sectores. La directiva obliga a poner canales de comunicación, correos, nosotros también nos hemos avanzado en este aspecto, y el Estado tendrá que regular esto. Todos los municipios de más de 10.000 habitantes estarán obligados a tener estos correos para que los ciudadanos y funcionarios puedan denunciar lo que no está funcionando.

-A nivel estatal no existe ningún tipo de organismo de este tipo, ¿no?

-No, a nivel estatal no se ha creado nada aún. En diciembre del año que viene se cumplen los dos años que hay para la transposición de la directiva.

-¿Cree que la pandemia puede, de alguna manera desviar la atención de la corrupción o el fraude?

-No, al revés. Nosotros advertimos desde el principio de la pandemia que estas situaciones de graves crisis son aprovechadas por las estructuras corruptas para sacar beneficios. Nos sorprendió que se eximiera de la fiscalización previa los pagos que con la declaración del estado de alarma la Generalitat iba a hacer. De alguna manera eliminó uno de los procedimientos que para nosotros es garantía de correcto funcionamiento y control, que es la fiscalización por parte de los interventores. Lo criticamos. Nosotros podemos entender que determinadas situaciones de emergencia requieren simplificar procedimientos, está contemplado en la ley, se pueden estar comprando los recursos sanitarios por la vía de la adjudicación directa en una situación de alarma, lo que no puedes es eliminar la fiscalización de esa adjudicación directa, ese control sobre las compras.

-¿El mayor uso de la administración electrónica debido a la pandemia puede favorecer la detección del fraude?

-Sí, la administración electrónica ya hace años que debería de estar implementada. Con la administración electrónica es mucho más difícil inventarte a posteriori procedimientos o hacer los expedientes cuando ya has hecho las cosas, cosa que se detecta con una cierta frecuencia. Esto solo se puede hacer en un estado de emergencia, de catástrofe, en el que no puedes retrasarte en dar respuestas porque la vida de las personas está en juego. Y eso que la ley contempla únicamente para determinadas circunstancias nos lo encontramos con una frecuencia que no debería ser. De hecho, un 42 por ciento de las denuncias que nos llegan giran alrededor de la contratación pública. La administración electrónica esto lo impide, no puedes dar un paso sin haber dado el otro, no puedes pagar una factura si no hay un expediente de contratación. Y no puedes hacer un contrato si no ha habido licitación. Por lo tanto, pensamos que el retraso en la implantación de la administración electrónica se debe a que dificultará enormemente todas las malas prácticas y el mal uso de los recursos públicos. Por eso una de nuestras principales recomendaciones es que esa administración electrónica, que las actuales leyes de procedimiento dan por hecho, esté realmente implementada.

-¿Cree que el fraude y la corrupción son inherentes a la administración?

No. Si así fuera los países del norte de Europa tendrían también. Lo que es inherente es el riesgo de corrupción. Lo que nos diferencia de esos países son las estructuras de detección, que aquí no han funcionado. Ellos tienen estructuras tanto externas como internas. Cuando nosotros vamos a la asamblea general de las agencias de prevención del fraude nos encontramos con colegas de todos los países, y de España no hay. Hay un representante de la Guardia Civil y otro de la Policía Nacional, pero no existe como estructura institucional, y en esos países es normal, porque es un mandato de una convención de Naciones Unidas de 2003 y que España ratificó en 2006. Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana ya tienen oficina y hay leyes aprobadas en Navarra y Aragón y en vías de aprobación en Andalucía y Castilla y León. Pero a nivel estatal no existe. La ausencia de una estrategia estatal contra la corrupción nos conduce a situaciones como las que estamos viendo. El ciudadano no tendría que tener que preguntar, sino entrar a las webs y que estuviera allí la información, de una manera fácil y accesible. Una de las premisas de la transparencia es que el lenguaje de las administraciones tiene que ser accesible para todo el mundo. Dar montañas de información también es incumplir la ley. Si estás comunicando y la gente no lo entiende, estás incumpliendo la ley de transparencia. La Constitución de 1978 ya reconoce el derecho de acceso a la información para la ciudadanía. Y no es hasta 2013 que se despliega este artículo de derecho de acceso a la información pública. El problema es que la ley de transparencia no comporta sanciones por su incumplimiento. Mientras las leyes de transparencia no tengan una parte sancionadora y que además la sanción la pague el incumplidor, no su Ayuntamiento, ni su Conselleria, estaremos como estamos. Les sale más a cuenta un titular critico pero no dar la información, y además no hay castigo. De ahí el nivel tan alto del incumplimiento de la ley de transparencia. La ley de transparencia ha venido a abrir muchas ventanas pero hay muchas ventanas que se resisten a ser abiertas. En las administraciones existen planes de prevención de los riesgos laborales pero no hay planes de riesgo contra el fraude, es fácil engañar a una administración, presentar unas facturas falsas, cuando lo que hay detrás es una trama. Como ha pasado con la EMT.

-Es decir, que es muy fácil engañar desde la administración y a la propia administración.

-Sí, y el origen de ese agujero negro es el no querer controles. Es ese sentimiento de que la administración es mía, ese sentido de propiedad. Eres un servidor público, deberías estar garantizando la eficacia del uso de los recursos públicos. Sin las tecnoestructuras de funcionarios alrededor el político no podría hacer nada, no podría robar. Y también tenemos tecnoestructuras que sí pueden hacerlo son que el político se entere, por lo que los primeros interesados en que los mecanismos de control funcionen son ellos. La falta de mapas de riesgo y de mecanismos de control está detrás de estos casos en los que ya no son los de dentro sino los de fuera, mafias bien organizadas están empezando a aprovecharse.

-Se creará un tipo de corrupción “ad hoc” para la administración electrónica?

-Claro, es otra dimensión. Ahora entra todo por sede electrónica, y esa factura tiene que ser examinada. La futura delincuencia nos llegará por esta vía, como ya ha llegado. Y lo está haciendo gente de fuera aprovechando todas las debilidades internas.

-Y, ¿por qué tenemos esas debilidades?

-Por todo lo que ha pasado, sobe todo en las empresas públicas. Los presupuestos en algunos ayuntamientos son mayores en las empresas públicas que en el propio ayuntamiento. Es más fácil delinquir en esas estructuras, en las empresas públicas, están creadas para resolver problemas concretos pero una de sus características es que no hay controles internos profesionales.

-¿Ha notado usted algún cambio desde que existe la Agencia?

-Lo que nos llega de los propios funcionarios es que si hay algún intento de fraude, en cuanto dicen que llegará a la agencia, se detiene. Hay cosas que no han pasado gracias a la existencia de ese control.