PP propone inyectar 60 millones en ayudas directas a la actividad económica en la ciudad de Valencia

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, anunció ayer que presentará toda una serie de propuestas para tratar de mejorar los presupuestos municipales para el año próximo.

La primera de las medidas propuestas será la reversión del denominado «impuestazo» que constituye la subida de un tres por ciento del IBI en la ciudad, y con lo que el Ayuntamiento recaudará 30 millones de euros.

Además, también propone la suspensión del cobro de la tasa de mesas y sillas en la vía pública a los locales de hostelería.

También aboga por una bonificación del IBI a los locales comerciales, de ocio, de hostelería y de espectáculos que hayan tenido pérdidas durante este año.

La portavoz popular estimó que la medida beneficiará a 20.000 contribuyentes.

Otra de las propuestas del PP que ya han sido remitidas al responsable de Economía del Ayuntamiento es el retraso del cobro del IBI hasta final de 2021.

Pero el montante económico más importante lo constituyen los 25,8 millones de euros de ayudas directas que propone el PP.

Para conseguir los fondos necesarios para inyectar liquidez en la economía valenciana, Catalá ha instado al Ayuntamiento a que reclame el fondo Covid, que se estima en unos tres mil millones de euros, de los que por el peso poblacional, nos corresponderían unos 50′8 millones de euros con lo que se podría revertir los impuestos.

El PP propone acudir a la deuda pero en una cifra de 35 millones de euros, y no los 50 en los que estima endeudarse Ribó, si bien, Catalá explicó que tampoco se entregarán a un endeudamiento mayor. Eso sí, matizó que están en contra de un presupuesto expansivo, «en estas circunstancias», ya que además, «el nivel de ejecución es muy bajo, y eso no supone diseñar presupuestos sino pintarlos y colorearlos para nada».

Según Catalá de los 195 millones presupuestados este año, solo se han ejecutado 53 millones.

También ha propuesto eliminar gastos superfluos y reducir los altos cargos, de los 39 actuales a los 17 que había en los gobiernos de Rita Barberá.