Los seis directivos despedidos de Divalterra cobraron 105.000 euros extra en sus finiquitos

Divalterra no solo ha sido generosa a la hora de contratar altos directivos, también lo ha sido cuando ha decidido prescindir de sus servicios.

El interventor general de la Diputación de Valencia presentó ayer un informe al Consejo de Divalterra en el que concluye que a seis de los siete directivos despedidos, tras el estallido del «caso Alquería», se les concedió indemnizaciones fuera de la ley.

Según este documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, a estos seis directivos se les pagó 20 días por año trabajado, cuando en realidad les correspondían siete, tal y como marca la Reforma Laboral. El cálculo, por tanto, se hizo siguiendo una disposición del año 1985 y no se tuvo en cuenta la corrección realizada en la ley de 2012.

La suma de las cantidades extra percibida por estos seis directivos suma más de 105.000 euros. En cinco de los seis altos cargos el dinero cobrado y que, según el interventor, no les corresponde, ronda los 16.000 euros y en un único caso, asciende a 26.776 euros. Esta diferencia se produce porque uno de estos directivos tenía garantizado un puesto de trabajo en la Administración y por tanto, no tenía derecho a percibir indemnización alguna.

El informe del interventor concluye que deben devolverse «todas las cantidades» percibidas por ser «improcedentes».

Sin embargo, según apuntan fuentes populares, en el Consejo celebrado ayer se aseguró que este reintegro no puede hacerse efectivo. Alegan que el despido se produjo en 2018 y, por tanto, ya ha pasado el tiempo máximo de un año que marca el Estatuto de los Trabajadores para proceder a la devolución de las indemnizaciones.

Los populares, afirman que estos contratos eran de alta dirección y por tanto, se les debe aplicar la Ley de Haciendas Locales, que marca un plazo de cuatro años para este tipo de casos.

El PP también preguntó qué ha ocurrido para que no haya advertido hasta ahora este fallo ya que, tal y como apunta el interventor, ni siquiera la auditoría externa que se encargó hace más de dos años alertó sobre la ilegalidad cometida.