“La Ley Celaá se inventa el derecho a la educación pública”

FSIE-CV es el sindicato mayoritario, con cerca de 1.100 delegados de personal, en la enseñanza privada, concertada y uno de los más representativos entre en la atención a personas con discapacidad. La Lomloe, bautizada con el apellido de la ministra de Educación como Ley Celaá, se aprueba el 23 de diciembre en el Congreso. A partir de enero comenzará la negociación con la Conselleria de Educación para concretar su aplicación.

–La Conselleria de Educación está realizando una campaña de apoyo a la Lomloe. ¿Cuáles son los efectos de su aplicación?

-Son muchos. Parece que solo afecta a la enseñanza concertada, pero también hay reformas que se deben poner en marcha para mejorar el sistema educativo: la modificación de los currículums, la bajada de ratios, sobre todo para los alumnos con necesidades especiales, o reducir el fracaso escolar. Hay que mejorar la orientación y el apoyo, crear nuevas figuras profesionales, como el orientador en las etapas de Infantil y Primaria. También es necesario incrementar la dotación de recursos tecnológicos a alumnos y profesores.

-Elimina el concepto de demanda social, ¿esto equivale a suprimir la concertada?

-Este criterio es el que ha permitido que la ley haya dado la razón a los colegios a los que se les suprimieron aulas. Se intenta paliar las decisiones administrativas anuladas por los Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo. La Lomloe inventa un derecho a la educación pública, cuando el derecho al que se refiere la Constitución es el derecho a la educación, avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. FSIE entiende que el Estado no tiene porqué ser el único garante de gestionar ese derecho. En una sociedad democrática, otros grupos sociales también lo tienen porque permite la convivencia pacífica de la red pública, privada y privada concertada, que conforma un modelo educativo plural. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia los colegios concertados han tenido menos vacantes que los públicos. Eliminando la demanda social las plazas se asignarán a otros centros y no a los que tengan más demanda. Esto coarta la libertad de elección.

-¿También tendrá consecuencias en la educación privada?

-La ley introduce por primera vez la etapa de cero a tres años y afirma que se van a ofrecer plazas públicas. No aclara qué pasa con la oferta privada y concertada de las escuelas infantiles. Sin duda, es la etapa más afectada.

-Se ha denunciado también que se quieren eliminar los centros especiales.

-La ley prevé que las familias que quieran llevar a sus hijos a centros ordinarios podrán hacerlo. No entendemos cómo se va a gestionar porque estos alumnos necesitan profesores especializados. Estos centros no disponen de suficientes medios profesionales ni materiales y necesitan un plan de financiación porque se les paga tarde. Si no se van a vaciar, ¿qué se va a hacer?

-Se prohíbe a los concertados cobrar cuotas. ¿Se podrán mantener sin ellas?

-La educación concertada es gratuita, como la pública. Las cuotas son de carácter voluntario y la ley las prohibirá. Pedimos que se financie el coste real de la educación, tanto la pública como la privada, y así se elimina cualquier discriminación económica. La última vez que se revisó el módulo de los conciertos en la Comunitat fue en 2009. Los compromisos de pago de la Administración no cubren el gasto de la enseñanza concertada. La ministra Isabel Celaá dice que hay que eliminar las diferencias. Estamos de acuerdo, que se revise el módulo y que las ayudas que se dan, por ejemplo, para los alumnos para necesidades especiales, sean las mismas.

-Los defensores de la Lomloe afirman que se quieren igualar ambos sistemas.

-Ojalá fuera así, pero mucho nos tememos que si no ha habido consenso ni debate, seguirá sin financiarse el coste real. En la memoria de impacto de la ley no se especifica.

-¿Cuál ha sido su papel en la elaboración de la ley?

-No ha habido negociación ni diálogo. Ha faltado debate y consenso. Hemos aprendido muy poco de la pandemia en la que descubrimos muchas debilidades. Improvisamos modificaciones de currículum, sistemas de evaluación y promoción, clases online... Se ha puesto de manifiesto el trabajo de los tutores, la responsabilidad de los equipos directivos, la falta de recursos y medios, la brecha digital, la formación de los docentes y un largo etcétera. La ley se va a aprobar tramitada con extraordinaria rapidez y se van a ignorar 1.100 enmiendas.

-¿Hay que eliminar la repetición de curso?

-Si los alumnos no repiten habrá garantizar las clases de refuerzo.

-Estamos a punto de cerrar el primer cuatrimestre de la pandemia. ¿Cuál es su valoración?

- En la Comunitat, al final de la pandemia se creó el Foro Educativo que reúne a todo el sector. Ha habido un punto de encuentro que falta en la ley. Es lo que hemos pedido siempre.

-¿Se están dando los mismos recursos a los públicos que a los concertados?

- Con la excepción de las escuelas infantiles, sí. También es cierto que deberían ser más y darlos de manera proporcional al número total de alumnado. Lo que no nos ha gustado es el enfrentamiento vivido en los últimos meses entre públicos y privados.

-La Conselleria de Educación se muestra satisfecha con la evolución del curso ¿Comparte esa valoración?

-El balance es positivo, aunque falta atención a los profesionales. Han fallado las sustituciones. Hasta que no llega la segunda baja no se produce esa sustitución. Los centros han demostrado que son muy seguros. Podemos estar orgullosos de este trimestre, pero hay que seguir trabajando.

-Las denuncias de impagos son constantes. ¿En qué situación se encuentran?

-Hay profesores que no han cobrado en todo el curso. Afecta sobre todo a nuevas contrataciones. El capítulo de las asignaciones presupuestarias que se abonan por concierto, como el bono infantil, se están retrasando más de lo habitual, que son tres meses.

-Se anunciaron 8.000 aparatos de filtros HEPA para las aulas para garantizar la renovación del aire en las aulas. ¿Son suficientes?

-Se han comenzado a repartir y han llegado a la concertada, pero todavía harían falta más para las aulas pequeñas. Solo se han dado en aquellos espacios habilitados para dar clases, pero que no eran aulas. Además de esta iniciativa lo que reclamamos es que se considere a los profesionales como personal vulnerable y sustituir a los profesores que están de baja. Deberían considerarse personal de riesgo a la hora de vacunación.