La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación por el cobro de sobresueldos de ocho concejales de Compromís, PSOE y Podemos. En total, se cobraron de las arcas municipales 772.000 euros en sobresueldos durante la legislatura pasada de 2015 a 2019. La investigación se centra en cinco concejales de Compromís, tres del PSOE y dos de Podemos.

Los concejales de Compromís que cobraron los sobresueldos son el actual vicealcalde Sergio Campillo, Consuelo Castillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano y Gloria Tello; del PSOE la vicealcaldesa Sandra Gómez, Anais Meguzato, actual gerente de FGV, y Vicent Sarrià, diputado del PSOE; y de Podemos Neus Fabregas y María Oliver, asesora del vicepresidente Dalmau.

Se investiga si los diez concejales, para eludir la ley Montoro, se fijaron un complemento de 25.000 euros al año y así poder cobrar el mismo sueldo que un concejal con dedicación exclusiva. Este complemento es el que ahora investiga la Agencia Valenciana Antifraude que dice que hay indicios razonables de veracidad de los hechos y por ello ha comunicado al Ayuntamiento que se abre una investigación.

Estos complementos habrían sido la forma de saltarse las limitaciones impuestas por el Gobierno a los sueldos públicos durante la crisis, que limitó el número de concejales con plena dedicación. El equipo de Gobierno liderado por Ribó y formado entonces por PSPV, Compromís y Podemos se sacó de la manga un “complemento de responsabilidad” que de facto suponía el abono de un 25 por ciento más del sueldo, lo que equiparaba a todos los ediles de gobierno con los de plena dedicación.

La Agencia Valenciana Antifraude ya requirió en junio de 2020 información sobre estos cobros presuntamente irregulares para verificar la veracidad de los hechos y ahora ha vuelto a reclamar más información una vez abierta la investigación, que había sido congelada dado que estaba en marcha otra investigación paralela, esta vez por parte de la Fiscalía, que ya ha sido archivada al no observarse ilícito penal.

Los sobresueldos dejaron de cobrarse al final de la pasada legislatura porque los servicios jurídicos del Ayuntamiento advirtieron algo obvio: que dicho complemento era irregular.